A raíz de recientes cuestionamientos públicos sobre la gestión de recursos en el ámbito legislativo departamental, el presidente de la Asamblea ha ofrecido una serie de aclaraciones. Se refutaron categóricamente las afirmaciones sobre una supuesta aprobación plenaria para la adquisición de indumentaria destinada a funcionarios y asambleístas.

La controversia surgió a partir de las declaraciones de una legisladora, quien había manifestado su preocupación por una propuesta de gasto que superaba los 41.000 bolivianos para la compra de camisas, así como por la contratación de una treintena de consultores en línea. Sin embargo, el titular del ente legislativo departamental precisó que el cuerpo colegiado desestimó la propuesta de inversión en vestimenta, una decisión que fue debidamente comunicada a la oficialía mayor.

En contraste, la partida presupuestaria destinada a la contratación de consultores sí se mantiene y está en ejecución. Se confirmó que estos profesionales ya se encuentran desempeñando funciones de asesoramiento técnico en diversas áreas. El presidente sugirió que las denuncias podrían estar vinculadas a intereses políticos, en un contexto cercano a los comicios subnacionales, y lamentó lo que consideró una difusión de información imprecisa que podría dañar la imagen institucional. Hizo hincapié en que la provisión de uniformes de trabajo es una práctica común e incluso obligatoria según la normativa laboral vigente, aplicable tanto al sector público como al privado.

Respecto a la situación del personal externo, se confirmó la presencia de quince consultores en línea. Sus contratos iniciales, previstos para un período de tres meses, fueron extendidos hasta fin de año. Esta medida se adoptó debido a la ausencia de respaldo presupuestario suficiente para la renovación completa de los acuerdos, reflejando la precaria situación económica que atraviesa la Asamblea, similar a la del gobierno departamental en general, a causa de la disminución de ingresos por regalías de hidrocarburos