En el municipio de Viacha, ubicado en el departamento de La Paz, un sargento de la Policía Boliviana fue detenido bajo acusaciones graves de extorsión, un incidente que ha reavivado las preocupaciones sobre la conducta ética dentro de las fuerzas del orden en el país. El oficial, que desempeñaba funciones en la unidad de Policía Rural y Fronteriza, fue señalado por exigir una suma considerable de dinero a cambio de la devolución de una vagoneta que previamente había sido incautada durante un control policial rutinario.
El episodio comenzó cuando el uniformado detuvo una vagoneta Mitsubishi para realizar una inspección habitual. Durante esta revisión, el sargento detectó presuntas modificaciones en el motor del vehículo, lo que le sirvió como justificación para proceder al secuestro del motorizado bajo su responsabilidad. Sin embargo, lo que debía ser una actuación reglamentaria derivó en un presunto abuso de poder cuando el policía contactó al propietario del vehículo para exigirle un pago de 15.000 bolivianos como condición indispensable para la devolución del bien.
La denuncia formal realizada por el afectado alertó a las autoridades, quienes llevaron a cabo un operativo para aprehender al sargento involucrado. Durante esta acción, se encontró en posesión del oficial una cantidad cercana a los 13.000 bolivianos, monto que correspondería a parte del dinero exigido ilícitamente. Este hallazgo fortalece las sospechas sobre la materialidad del delito y ha motivado la apertura de investigaciones tanto penales como administrativas contra el funcionario.
El inspector Gunter Agudo confirmó la captura y detalló que, paralelamente al proceso judicial iniciado por esta denuncia, se ha activado un procedimiento disciplinario interno dentro de la institución policial. Este mecanismo busca no solo determinar con precisión las responsabilidades administrativas del implicado sino también aplicar las sanciones correspondientes conforme al reglamento interno y las normativas vigentes.
Este caso pone nuevamente en evidencia los desafíos que enfrenta la Policía Boliviana en cuanto a la integridad y profesionalismo de algunos miembros dentro de sus filas. La institución ha reiterado su compromiso firme con la transparencia y con la erradicación total de actos corruptos o indebidos cometidos por sus agentes, enfatizando su disposición para colaborar con la justicia y garantizar que los hechos sean esclarecidos en su totalidad.
Mientras tanto, el procedimiento judicial sigue su curso bajo supervisión de las autoridades competentes, quienes evaluarán todas las pruebas y testimonios presentados para dictaminar sobre la responsabilidad penal del uniformado. Para la población local y nacional, este episodio representa un llamado urgente a fortalecer los mecanismos de control interno y a promover una cultura institucional basada en el respeto a los derechos ciudadanos y el cumplimiento estricto de la ley por parte de quienes están encargados de velar por ella
