Las nuevas autoridades de la Policía Boliviana han dado un paso decisivo hacia la transformación profunda de la institución con la presentación de un ambicioso plan de modernización y reinstitucionalización. Este proyecto tiene como objetivo central enfrentar y erradicar las prácticas corruptas que, según denuncian los propios mandos policiales, se consolidaron durante más de dos décadas bajo la influencia política del anterior gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). La iniciativa busca no solo restaurar la disciplina interna, sino también mejorar sustancialmente el servicio de seguridad ciudadana y fortalecer la respuesta frente al crimen organizado, retos fundamentales para el país.
El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, enfatizó que el legado dejado por el anterior gobierno fue una institución desinstitucionalizada, permeada por espacios donde las irregularidades se cometían con relativa facilidad. Esta situación, explicó, ha sido uno de los principales obstáculos para implementar medidas efectivas en favor de una policía más eficiente y confiable. Por ello, uno de los pilares del plan es precisamente la lucha frontal contra la corrupción, considerada por Sokol como el problema principal que debe superarse para avanzar en cualquier proceso de reforma.
En ese sentido, el plan no solo contempla cambios normativos sino también una reestructuración económica que permita contar con los recursos necesarios para sostener las reformas. El comandante señaló que se implementarán estrategias para generar recursos propios dentro de la institución, aparte del presupuesto asignado por el Estado. Esto implica que los cobros realizados por ciertos servicios policiales serán canalizados directamente a las cuentas estatales y destinados a mejorar los servicios ofrecidos a la ciudadanía. Con esta medida se busca terminar con prácticas irregulares donde parte del dinero recaudado quedaba en manos individuales dentro del cuerpo policial.
El combate contra la corrupción parece ser prioritario en esta nueva etapa. En apenas dos meses bajo esta nueva gestión se han registrado 79 casos relacionados con actos corruptos en los que están involucrados 151 policías de diferentes rangos. Entre esas irregularidades destacan cobros ilícitos o coimas, lo que evidencia una problemática arraigada en el seno policial y que requiere acciones contundentes para su erradicación.
Una parte fundamental del proceso reformista está relacionada con modificaciones normativas importantes. Entre ellas destaca la revisión y reforma a la Ley 101 de Régimen Disciplinario Policial. Según explicó el coronel René Calla, exviceministro y asesor jurídico en servicio pasivo, esta reforma busca evitar el doble juzgamiento a los uniformados y simplificar los procesos disciplinarios eliminando burocracia excesiva y dilaciones prolongadas. Actualmente esta propuesta está en su última fase de revisión antes de ser presentada al Ejecutivo para su aprobación definitiva. Además, se trabaja en un proceso amplio de socialización con todos los sectores implicados para asegurar una adecuada implementación.
Otra iniciativa legislativa relevante propuesta es un nuevo marco legal que respalde el uso adecuado y seguro de armas de fuego por parte de los policías. Esta medida responde a situaciones críticas vividas durante conflictos sociales recientes donde grupos radicales afines al expresidente Evo Morales utilizaron dinamitas y otros métodos violentos contra efectivos policiales. En esos enfrentamientos se registraron muertes violentas entre uniformados debido a ataques con explosivos y agresiones físicas severas. Este proyecto pretende garantizar protección efectiva al personal policial sin contravenir tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por Bolivia.
Más allá del combate a la corrupción y reformas legales específicas, el plan contempla también una modernización integral del servicio policial orientada a mejorar su operatividad y acercamiento con la comunidad. Se proyecta implementar sistemas virtuales para agilizar las denuncias ciudadanas mediante plataformas digitales confiables y accesibles. Sin embargo, esta modernización no descarta retomar el contacto directo con vecinos en diferentes zonas urbanas para recuperar una imagen positiva ante la sociedad.
Dentro del enfoque institucional planteado destacan cuatro pilares fundamentales: disciplina acompañada por doctrina y liderazgo; modernización tecnológica y capacidad operativa; seguridad jurídica combinada con sostenibilidad financiera; además de seguridad pública vinculada a recuperar confianza ciudadana. Estos ejes reflejan un enfoque integral que abarca tanto aspectos estructurales internos como relaciones externas con la población.
En cuanto al personal policial, se prevén cambios sustanciales en reglamentos internos relacionados con ascensos tanto para tropa como para oficiales superiores mediante modificaciones a Ley 1387 sobre Carrera Policial y Ascensos. Esta ley aprobada en 2021 generó polémica porque permitió incluir civiles sin formación policial dentro del Alto Mando institucional, lo cual ha sido cuestionado por especialistas como una ruptura estructural tradicional dentro del cuerpo policial. La intención actual es revisar estos aspectos normativos para asegurar que ascensos y cargos sean determinados bajo criterios meritocráticos claros.
Asimismo, se trabaja en un proyecto orientado a modernizar el manejo administrativo y operativo del personal evitando prácticas corruptas como cobros indebidos por destinos específicos o designaciones políticas arbitrarias. Actualmente ciertas atribuciones están concentradas en manos presidenciales debido a disposiciones legales vigentes que limitan el poder decisorio interno dentro de la Policía.
Finalmente, otro componente destacado es el fortalecimiento tecnológico mediante cooperación internacional para desarrollar aplicaciones digitales destinadas a facilitar denuncias ciudadanas y mejorar coordinación transnacional contra delitos complejos como crimen organizado o tráfico ilícito. También está previsto colaborar con el Ministerio de Educación para incorporar contenidos educativos relacionados con seguridad ciudadana desde temprana edad en las escuelas; esto incluye formación sobre tráfico vial así como identificación temprana de violencia para fomentar mecanismos preventivos entre estudiantes.
Este plan integral representa una apuesta decidida por transformar una institución clave para el Estado boliviano reforzando sus capacidades técnicas, operativas e institucionales mientras recupera legitimidad ante sus propios miembros y la sociedad civil afectada por años de deficiencias estructurales e irregularidades internas. La implementación exitosa dependerá tanto del compromiso efectivo dentro del cuerpo policial como del respaldo político necesario para consolidar estos cambios profundos orientados hacia una policía moderna, eficiente y confiable al servicio del pueblo boliviano
