La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Tarija, una iniciativa crucial para la sostenibilidad ambiental y sanitaria de la región, enfrenta un prolongado estancamiento a pesar de la aprobación de financiamiento por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en abril de este año. Seis meses después de este anuncio, la falta de avances concretos ha generado creciente impaciencia entre la ciudadanía y las instituciones locales, aunque desde el gobierno se asegura la existencia de un precontrato para la obra.
Representantes del Comité Impulsor de la PTAR han manifestado su preocupación ante la ausencia de documentos oficiales que respalden las promesas de financiamiento. Según explicaron, el proyecto aún no ha sido sometido a la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), requisito indispensable para la sanción de la ley de crédito y la posterior liberación de los recursos. Se ha señalado que la compleja situación política en el parlamento ha obstaculizado la tramitación de créditos similares, lo que disminuye la probabilidad de que la PTAR avance antes de la asunción de nuevas autoridades legislativas en noviembre. La expectativa de que el proyecto fuera aprobado para estas fechas, según compromisos previos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, no se ha materializado, prolongando una espera de dos décadas y exacerbando los riesgos ambientales y sociales asociados.
La presión ciudadana se intensifica, con líderes cívicos calificando la situación como un incumplimiento y atribuyendo la falta de resultados al Ministro de Medio Ambiente y Agua. Existe la esperanza de que, dada su procedencia tarijeña, el ministro impulse las gestiones necesarias. La importancia de la PTAR radica en su capacidad para tratar las aguas residuales que actualmente se vierten sin depuración al río Guadalquivir, provenientes de las lagunas de oxidación del barrio San Luis, las cuales han colapsado.
En respuesta a estas inquietudes, el ministro en cuestión ha defendido los progresos alcanzados. Ha confirmado la finalización del estudio definitivo, que estima el costo de la obra en 65 millones de dólares, y ha garantizado la disponibilidad de los terrenos para su construcción en la zona de Cabeza de Toro. Asimismo, ha detallado gestiones conjuntas con legisladores ante la CAF para revisar aspectos técnicos y financieros, indicando que el proceso se encuentra en una etapa de decisión. El ministro ha reiterado la existencia de un precontrato de financiamiento, pendiente únicamente de la notificación final por parte de la presidencia global de la CAF.
No obstante, la perspectiva legislativa sugiere que la aprobación de la PTAR se postergará hasta la próxima gestión de autoridades nacionales. Un diputado ha detallado reuniones recientes con representantes de la CAF en Bolivia, quienes confirmaron que el proyecto está en su fase final de revisión, proyectando la entrega del informe definitivo después de la segunda vuelta electoral del 19 de octubre, posiblemente a fines de ese mes. Sin embargo, la inminente asunción de nuevas autoridades el 8 de noviembre hace previsible que el tratamiento de la ley de crédito recaiga en la siguiente legislatura, estimándose que una respuesta oficial podría demorar hasta enero.
Este proyecto, que ha sido una promesa recurrente a lo largo de diversas administraciones, desde la esfera presidencial hasta las gestiones municipales y departamentales, subraya la persistente problemática de la contaminación del río Guadalquivir por la descarga de aguas residuales sin tratamiento. A pesar de periodos de bonanza económica, la solución a este desafío ambiental, que afecta a Tarija desde hace más de dos décadas, sigue pendiente
