La reciente salida de José Jerí de la presidencia interina vuelve a evidenciar la profunda crisis política que atraviesa el Perú, un país que en la última década ha experimentado una inusual rotación en la jefatura del Estado, con ocho presidentes diferentes en apenas diez años. Este fenómeno refleja no solo la fragilidad institucional sino también la persistente desconfianza ciudadana hacia sus gobernantes y las estructuras políticas que los respaldan.
Jerí asumió el cargo en octubre de 2025 en un contexto de alta tensión y descontento social, luego de que el Congreso decidiera destituir a Dina Boluarte por incapacidad moral permanente. Su mandato fue concebido inicialmente como un periodo transitorio, destinado a conducir al país hasta las elecciones programadas para abril de 2026. Sin embargo, su breve gestión se vio empañada desde el inicio por una serie de escándalos y cuestionamientos que erosionaron su legitimidad y complicaron aún más un escenario político ya convulso.
El caso conocido como “Chifagate” fue el principal detonante que precipitó su salida. Este episodio giró en torno a reuniones mantenidas con el empresario chino Zhihua Yang, encuentros no registrados oficialmente y realizados fuera de cualquier agenda formal. La falta de transparencia sobre estas reuniones generó sospechas fundadas acerca de posibles conflictos de interés y abuso del poder, dañando gravemente la imagen del mandatario. Aunque Jerí ofreció disculpas públicas por su conducta, incluyendo asistir encapuchado a uno de esos encuentros sin registro formal, el costo político fue irreversible. La Comisión de Fiscalización del Congreso exigió explicaciones detalladas mientras que la Fiscalía abrió una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias, debilitando sustancialmente su posición y acelerando su caída.
Pero los problemas para Jerí no se limitaron al “Chifagate”. Su historial previo como congresista también estuvo marcado por controversias. Durante su paso por el Legislativo presidió la Comisión de Presupuesto, donde fue vinculado a denuncias sobre supuestos cobros irregulares para favorecer proyectos específicos, aunque sin que existieran sentencias firmes al respecto. Adicionalmente, enfrentó una grave acusación por violación sexual presentada en 2025; aunque esta denuncia fue archivada por falta de pruebas, provocó una fuerte reacción crítica por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y reavivó el debate sobre los estándares éticos mínimos que deben exigirse a quien ocupa la presidencia del país.
Los informes periodísticos más recientes complicaron aún más la situación: revelaron contrataciones estatales irregulares vinculadas a mujeres tras reuniones nocturnas en Palacio de Gobierno. Estos hechos motivaron nuevas indagaciones tanto por parte de la Contraloría General como del Ministerio Público, quienes investigan posibles delitos contra la administración pública. Para amplios sectores sociales y políticos, estas revelaciones confirmaron un patrón reiterado de conductas incompatibles con el ejercicio responsable y transparente del poder presidencial.
La crisis política actual tiene raíces profundas y puede rastrearse hasta el inicio del ciclo reciente con Pedro Pablo Kuczynski, elegido presidente en 2016. Su mandato terminó abruptamente en marzo de 2018 cuando presentó renuncia anticipada ante una vacancia inminente motivada por acusaciones graves que incluían vínculos con el caso Odebrecht y cuestionamientos éticos derivados del controvertido indulto al expresidente Alberto Fujimori. La difusión pública de videos —conocidos como “Kenjivideos”— donde se mostraban supuestos ofrecimientos para evitar su destitución terminó por erosionar definitivamente su apoyo político.
El relevo vino con Martín Vizcarra, quien asumió en medio de fuertes tensiones con el Congreso y cuyo gobierno concluyó también mediante vacancia en noviembre de 2020 bajo acusaciones similares relacionadas con “incapacidad moral permanente”. Este procedimiento fue polémico porque muchos sectores consideraron que primaron intereses políticos sobre fundamentos jurídicos sólidos. Años después, Vizcarra fue condenado penalmente por corrupción, cerrando así uno de los episodios más controvertidos e impactantes para la confianza pública.
La sucesión rápida continuó con Manuel Merino, cuyo efímero mandato duró solo cinco días debido a masivas protestas sociales desencadenadas por las muertes y heridos provocados durante manifestaciones reprimidas violentamente. Esta crisis social obligó a Merino a renunciar rápidamente y dejó una marca indeleble sobre las relaciones entre Estado y ciudadanía.
En medio del caos surgió Francisco Sagasti como presidente interino para completar el periodo constitucional 2016-2021. Su gestión se caracterizó por ser un paréntesis relativo de estabilidad enfocado en enfrentar la pandemia sanitaria global, reactivar la economía nacional y garantizar procesos electorales transparentes. Durante su gobierno se negociaron importantes acuerdos para adquirir vacunas contra COVID-19 y se fortalecieron infraestructuras sanitarias esenciales.
Sin embargo, esta calma relativa fue seguida nuevamente por turbulencias cuando Pedro Castillo asumió el poder en 2021. Su administración estuvo marcada desde temprano por denuncias vinculadas a corrupción e intentos autoritarios evidenciados en un intento fallido autogolpe tras anunciar la disolución del Congreso para gobernar mediante decretos legislativos unilateralmente. Esta crisis culminó con su destitución parlamentaria en diciembre de 2022 y posterior condena penal por rebelión y conspiración años después. La reacción popular ante su salida incluyó protestas violentas especialmente intensas en áreas rurales e indígenas que dejaron decenas de muertos.
Dina Boluarte tomó entonces las riendas del Ejecutivo pero tuvo dificultades enormes para consolidar apoyo popular debido a denuncias reiteradas sobre uso excesivo e indebido de la fuerza contra manifestantes pacíficos, además del escándalo conocido como “Rolexgate” relacionado con corrupción administrativa interna. Su gestión también enfrentó una creciente crisis generalizada relacionada con inseguridad ciudadana persistente que minó aún más su legitimidad hasta que finalmente fue vacada por incapacidad moral permanente.
La salida consecutiva tanto de Boluarte como ahora Jerí ratifica un patrón preocupante: la inestabilidad política estructural sigue siendo uno de los principales desafíos para el Perú contemporáneo. La sucesión acelerada e irregular en los altos cargos públicos evidencia no solo problemas internos dentro del sistema político sino también un profundo desencanto social hacia las élites gobernantes. Este ciclo repetitivo genera incertidumbre institucional constante y dificulta el desarrollo sostenible del país así como la implementación efectiva de políticas públicas necesarias para mejorar las condiciones sociales y económicas.
En este contexto complejo es imprescindible comprender que cada cambio abrupto no solo refleja conflictos políticos inmediatos sino también problemas arraigados relacionados con transparencia gubernamental, ética pública y rendición real cuentas ante la ciudadanía. Mientras estas cuestiones fundamentales no sean abordadas integralmente será difícil superar esta etapa prolongada marcada por crisis recurrentes que afectan directamente a toda la población peruana
