La principal organización criminal de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC), ha establecido una significativa presencia operativa en Bolivia, con una estimación de al menos 150 de sus miembros desplegando actividades en el país. Esta expansión ha permitido que la red de tráfico de drogas de la organización penetre en un 67% de los municipios que conforman la Amazonía boliviana. Las áreas de mayor incidencia criminal se localizan en las zonas fronterizas con Brasil y Paraguay, además del municipio de Villa Tunari en el departamento de Cochabamba.
La Amazonía boliviana, que abarca 88 municipios y representa el 43% del territorio nacional, se extiende por los departamentos de Pando, Beni, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. A pesar de la captura y expulsión de uno de sus líderes en mayo, la presencia operativa de emisarios del PCC ha continuado en aumento, extendiéndose hacia esta vasta región.
La convergencia de las operaciones del PCC con grupos criminales locales, particularmente aquellos liderados por el uruguayo Sebastián Marset y el boliviano Yasser Andrés Vásquez Cardona, alias ‘Coco Vásquez’, ha configurado un corredor transnacional de actividades ilícitas en constante expansión. Esta alianza representa una amenaza directa a la seguridad interna del país.
Diversos análisis de seguridad y reuniones bilaterales entre el Ministerio de Gobierno, la Policía Federal de Brasil e Interpol, realizadas en julio y septiembre, han puesto de manifiesto la gravedad de la situación. Estos encuentros han servido para corroborar la información sobre la escalada de violencia y la consolidación de estos grupos.
Ante este panorama, se han formulado recomendaciones urgentes a las autoridades ejecutivas. Entre ellas, se sugiere la declaración de alerta máxima en los departamentos de Santa Cruz y Beni, la coordinación de una reunión binacional con autoridades policiales de Brasil e Interpol, la priorización de operativos de captura en zonas de alto riesgo y un trabajo conjunto con la Fiscalía General para la protección de testigos clave.
La captura y posterior expulsión de Marcos Roberto de Almeida, alias ‘Tuta’, en Santa Cruz de la Sierra en mayo de este año, no ha frenado el avance criminal. ‘Tuta’, de 52 años y uno de los máximos líderes del PCC, había estado radicado en Bolivia desde 2020, presuntamente huyendo de disputas internas en su organización. Su detención reveló la implicación de personal policial, incluyendo un mayor y un agente de Interpol, así como un tramitador de documentos, en la facilitación de su identidad falsa.
El caso de Sebastián Marset, quien logró evadir a las autoridades en 2023, ha sido vinculado a advertencias recibidas de un jefe policial. De manera similar, Yasser Andrés Vásquez Cardona, alias ‘Coco Vásquez’, ha eludido múltiples operativos en los municipios benianos de Santa Ana de Yacuma y Exaltación, aparentemente gracias a la filtración de información desde estamentos policiales, militares y judiciales. Vásquez, quien inició su trayectoria como piloto para redes de narcotráfico, ahora es señalado como líder de una organización responsable de al menos 13 asesinatos por encargo entre 2023 y el presente año, en Beni, Santa Cruz y Pando. Entre estos crímenes se cuenta el de Edgar Dorado, ‘El Jefe’, en julio, supuestamente en el marco de una disputa con Misael Nallar.
Ivar García, alias ‘El Colla’, exsocio y presunto testaferro de Marset, se ha convertido en un testigo crucial tras sobrevivir a dos intentos de asesinato. Su testimonio podría arrojar luz sobre las conexiones de Marset y la posible complicidad de jefes policiales en su protección.
Estos incidentes subrayan una preocupante realidad: la infiltración de unidades policiales como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) e Interpol por parte de organizaciones criminales, tanto del PCC como de sus aliados nacionales. Esta situación ha generado una profunda preocupación dentro de las instituciones de seguridad del Estado
