El presidente Rodrigo Paz ha implementado una serie de medidas contundentes para asegurar la estabilidad y la integridad del suministro de combustible en el país, tras detectar acciones que calificó de sabotaje interno dentro de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En un mensaje dirigido a la nación, el mandatario detalló que esta intervención responde a una situación crítica que afecta la operatividad y la calidad del combustible distribuido a nivel nacional.
Según explicó, YPFB fue recibida en un estado deplorable, marcado por una crisis administrativa, financiera y técnica que comprometía seriamente su funcionamiento. Esta condición, según el presidente Paz, facilitó la infiltración de estructuras organizadas con el propósito de desestabilizar no solo a la empresa sino también al Gobierno en ejercicio. La gravedad de estos hechos se evidenció recientemente con problemas en la calidad del combustible, particularmente en la gasolina, situación que fue catalogada por el mandatario como un sabotaje deliberado y no un simple error técnico.
Para hacer frente a esta amenaza interna, desde las primeras horas del día lunes se activó un resguardo militar en las plantas estratégicas de YPFB. Esta acción cuenta con el apoyo directo de las Fuerzas Armadas y tiene como objetivo principal proteger la infraestructura energética vital para el país. Además, busca salvaguardar a los trabajadores comprometidos con el buen desempeño de la estatal petrolera y consolidar lo que se denomina como soberanía energética, concepto fundamental para garantizar el control nacional sobre los recursos energéticos sin depender de factores externos o internos que puedan comprometer su estabilidad.
El presidente enfatizó que esta medida preventiva pretende cortar de raíz cualquier intento futuro de sabotaje técnico o administrativo dentro del sector energético. Este enfoque refleja una estrategia decidida para asegurar que no se repitan episodios que pongan en riesgo tanto la producción como la distribución del combustible.
Complementando estas acciones, se anunció una mejora técnica significativa: a partir del 3 de marzo comenzará la incorporación de aditivos estabilizantes antioxidantes en la gasolina. Estos aditivos cumplen funciones esenciales como evitar la degradación del combustible durante su almacenamiento y transporte, limpiar los inyectores de los vehículos y eliminar residuos indeseados. Además, contribuyen a mejorar el rendimiento general de los motores. Es importante destacar que este avance tecnológico no implicará un aumento en el precio final de los combustibles para los consumidores, lo cual es relevante para evitar impactos negativos en la economía familiar y empresarial.
En paralelo a estas disposiciones técnicas y operativas, se reforzó el sistema de compensación destinado a quienes resultaron afectados por los problemas recientes relacionados con la calidad del combustible. Para ello, se habilitó un registro oficial basado en datos provenientes de diversas instituciones gubernamentales como B-SISA (Base de Datos Sectorial), RUAT (Registro Único para Administración Tributaria), SEGIP (Servicio General de Identificación Personal) y SOAT (Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito). Este mecanismo permitirá identificar con precisión a los perjudicados y facilitará una respuesta adecuada por parte del Estado.
Finalmente, el jefe de Estado reiteró su compromiso con una gestión firme frente a estas situaciones adversas. Anunció que próximamente se darán a conocer procesos judiciales dirigidos contra quienes sean responsables directos o indirectos del sabotaje detectado. Esta postura refleja una clara intención gubernamental de no permitir impunidad ni tolerancia ante actos que atenten contra los intereses nacionales y la estabilidad institucional.
En suma, las medidas adoptadas por el presidente Rodrigo Paz buscan restaurar la confianza en YPFB como entidad estratégica para el país, proteger sus instalaciones críticas mediante vigilancia militar especializada y mejorar técnicamente sus productos para beneficio directo del usuario final. Asimismo, establecen mecanismos claros para atender a las víctimas internas del conflicto reciente e indican un rumbo judicial firme para garantizar justicia y disuasión frente a futuras amenazas internas. Estas acciones tienen un impacto directo sobre toda la población al asegurar un suministro estable y confiable de combustibles esenciales para diversas actividades económicas y cotidianas
