La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, aprobó en primera discusión una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esta iniciativa, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, busca facilitar un aumento acelerado en la producción petrolera del país, en un contexto de negociaciones con Estados Unidos para la comercialización de crudo venezolano.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, destacó que la reforma fue aprobada con una mayoría calificada y subrayó la necesidad de esta modificación para potenciar la industria petrolera nacional. Por su parte, Orlando Camacho, diputado del Movimiento Somos Venezuela y proponente del proyecto, detalló que la reforma abarca tres áreas principales.
En primer lugar, se incorporan modelos de negocio exitosos derivados de la Ley Antibloqueo, promulgada en 2020 para fomentar inversiones en medio de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Entre estos modelos se incluyen nuevos tipos de contratos donde la empresa operadora asume la gestión integral a su propio riesgo y costo, evitando que el Estado contraiga deudas.
Además, la reforma establece mecanismos para asegurar la viabilidad de proyectos en campos petroleros aún no desarrollados, destacando la importancia de atraer grandes inversiones. Para ello, se contempla flexibilidad en las regalías, incluyendo la posibilidad de reducirlas con el fin de incentivar la inversión en estos nuevos yacimientos.
Finalmente, el proyecto busca fortalecer las garantías jurídicas para la inversión en el sector hidrocarburífero, mediante la implementación de mecanismos independientes de mediación para la resolución de conflictos.
En contraste, la bancada opositora Grupo Parlamentario Libertad decidió abstenerse en la votación. Su representante, Pablo Pérez, manifestó la necesidad de recibir con anticipación los proyectos de ley, ya que hasta poco antes de la discusión no tenían acceso al texto. Asimismo, destacó principios que considera esenciales para la reforma, como la seguridad jurídica, la apertura al capital privado y una carga tributaria adecuada.
El procedimiento legislativo establece que, tras la primera discusión, se debe realizar una segunda para la aprobación definitiva de la ley, pudiendo introducir modificaciones entre ambas etapas. Una vez sancionada, la normativa es remitida al presidente para su promulgación y entra en vigencia tras su publicación en la Gaceta Oficial.
Este proceso legislativo se desarrolla en un momento de reconfiguración en las relaciones entre Caracas y Washington, marcado por el interés estadounidense en el petróleo venezolano y las negociaciones para la venta de crudo, tema que ha sido objeto de atención por parte del gobierno de Estados Unidos
