La propuesta de reducir los salarios de los legisladores, presentada por el senador suplente Nilton Condori, ha generado un debate significativo en el ámbito político, evidenciando las tensiones internas entre distintas bancadas y las dificultades para alcanzar consensos en materia de austeridad y responsabilidad fiscal. Condori, quien es suplente en la bancada Unidad, planteó esta medida como una forma de compartir la crisis económica que atraviesa el país, buscando que el Legislativo dé un ejemplo tangible a la ciudadanía al disminuir sus ingresos en sintonía con las dificultades sociales y económicas que enfrentan amplios sectores.
Sin embargo, esta iniciativa no encontró eco favorable entre sus colegas parlamentarios. La bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), aliada política de Unidad, expresó una postura contraria a la reducción salarial a través de su diputado Manolo Rojas. Este argumentó que bajar los sueldos podría desencadenar una “fuga de cerebros”, es decir, que los profesionales más preparados y capacitados para ejercer funciones legislativas podrían optar por no involucrarse en la política debido a las menores recompensas económicas. Según Rojas, esto podría derivar en un Congreso integrado principalmente por personas con mayores recursos económicos, lo que implicaría una pérdida en términos de calidad y diversidad profesional dentro del poder legislativo.
Esta preocupación refleja un debate más amplio sobre el equilibrio entre la remuneración justa para atraer y retener talento político y la necesidad de mantener una gestión pública responsable y alineada con las expectativas sociales. La defensa del salario actual, fijado en 23.312 bolivianos mensuales para titulares y 8.003 para suplentes, fue unánime entre los legisladores durante la discusión inicial. La suma total destinada únicamente al pago de sueldos asciende a más de cinco millones de bolivianos mensuales, sin contar otros beneficios adicionales como pasajes o bonos de alimentación. Esto evidencia el peso económico que representa el Legislativo para el presupuesto estatal.
El rechazo generalizado a la propuesta se manifestó incluso dentro del propio bloque político al que pertenece Condori. El senador suplente intentó impulsar su iniciativa mediante actividades directas con la población para generar presión social sobre sus colegas legisladores. Durante un evento en la feria de Achacachi, ubicada a unos noventa kilómetros de La Paz, Condori vendió un toro propiedad suya por 10.500 bolivianos con el objetivo declarado de financiar una gira nacional para promover su propuesta y fomentar un debate público que obligue a los parlamentarios a reconsiderar sus salarios.
No obstante, desde la bancada del PDC se sostuvo que esta medida no contaba con el respaldo suficiente ni dentro del Congreso ni entre sus propios aliados políticos. Manolo Rojas defendió que mientras perdure la crisis económica es importante compartirla con la ciudadanía pero sin afectar lo que consideran condiciones necesarias para garantizar un trabajo legislativo eficiente y profesionalizado.
El contexto político y social en el que surge esta discusión pone sobre la mesa temas complejos relacionados con la representación política, las condiciones laborales del funcionariado público y las expectativas ciudadanas respecto a una mayor transparencia y austeridad en el manejo del dinero público. La resistencia a modificar los salarios refleja tanto intereses institucionales como temores sobre las posibles consecuencias indirectas que puedan tener cambios abruptos en las estructuras remunerativas dentro del Legislativo.
Además, esta situación invita a reflexionar sobre cómo se articula la relación entre representantes electos y sociedad civil cuando se trata de asumir cargas compartidas durante momentos difíciles. La intención inicial del senador Condori busca justamente fortalecer ese vínculo mediante gestos concretos como reducir gastos personales para responder mejor a las demandas sociales. Sin embargo, las diferencias internas muestran lo complejo que resulta traducir esa voluntad en acciones consensuadas dentro del marco parlamentario.
En definitiva, este episodio pone en evidencia tanto las dificultades políticas para implementar reformas salariales dentro del Congreso como los desafíos relacionados con garantizar una representación política equilibrada y profesionalizada frente a presiones económicas externas e internas. La discusión continúa abierta mientras los actores involucrados buscan caminos viables para responder a las expectativas ciudadanas sin comprometer lo percibido como calidad técnica ni estabilidad institucional dentro del poder legislativo
