Los padres que planean enviar a sus hijos a destinos nacionales o internacionales durante las vacaciones deben realizar un procedimiento ante las defensorías y el Órgano Judicial, el cual implica cumplir con una serie de requisitos que suelen complicar el proceso.

Para los desplazamientos dentro del país, el permiso no tiene costo, aunque resulta complejo para quienes no están familiarizados con el trámite. Un caso ilustrativo es el de una madre que intentó llevar a sus hijas a Chile, pero tuvo que regresar para apostillar el permiso en el juzgado, un detalle que no le fue claramente comunicado por las autoridades. Esta situación genera preocupación sobre las dificultades que enfrentan quienes viven en zonas rurales.

Con la finalización del ciclo escolar, se prevé un incremento en la cantidad de padres solicitando estos permisos. En algunos municipios, como el de Tarija, el formulario para el permiso tiene una vigencia limitada a un mes, mientras que en otras regiones, como Santa Cruz, la validez puede extenderse hasta tres meses. En La Paz, aunque no se informa explícitamente sobre un plazo, se han detectado limitaciones similares.

Para viajes entre departamentos o provincias, si los menores viajan con ambos padres, no se requiere autorización adicional. Sin embargo, cuando lo hacen acompañados por uno solo de los progenitores, es necesario que el otro otorgue un poder o que se presenten dos testigos para validar el permiso.

Entre los documentos generales que se solicitan para tramitar el permiso se encuentran las cédulas de identidad vigentes de los padres y del menor, o en su defecto, el certificado de nacimiento del niño o niña. Cuando el menor no viaja con sus padres, debe estar presente la persona responsable del viaje, quien debe presentar su identificación y la documentación que avala la autorización de los progenitores. En caso de ausencia de uno de los padres, se requiere una autorización manuscrita acompañada de una fotocopia de la cédula del progenitor ausente, una resolución judicial o administrativa que establezca la tenencia o tutela, o la presencia de dos garantes vecinos con sus documentos originales para firmar el formulario correspondiente.

Para los viajes al extranjero, el proceso debe realizarse en juzgados, donde los requisitos difieren de los establecidos por las defensorías municipales. Este trámite implica un costo aproximado de 50 bolivianos y puede requerir resoluciones judiciales en situaciones de separación de los padres, además de fotografías recientes de los menores y sus progenitores.

En resumen, aunque el permiso para que los menores puedan viajar es un requisito fundamental para garantizar su seguridad y derechos, la complejidad y variabilidad de los procedimientos pueden representar un desafío significativo para las familias, especialmente aquellas que no cuentan con suficiente información o recursos para cumplir con todos los requisitos