El tratamiento de los tres anteproyectos de ley destinados a sancionar los bloqueos, que se encuentran en la Cámara de Diputados, así como el proyecto en la Cámara de Senadores, fue postergado para dar inicio a un proceso de socialización con distintos sectores sociales del país. Las comisiones de Justicia de ambas cámaras habían comenzado a analizar estas iniciativas legislativas, pero decidieron suspender el debate temporalmente.
Según un comunicado oficial de la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia Plural estableció un cuarto intermedio hasta la primera semana de febrero con el fin de promover el diálogo y la difusión del contenido de estos proyectos entre la población y grupos interesados.
En la Cámara Baja, los principales partidos del oficialismo, PDC y Unidad, habían manifestado su intención de avanzar en el tratamiento de las propuestas y convocaron a sesiones, aunque no incluyeron en la agenda el anteproyecto presentado por el diputado Israel Mérida, a pesar de que su propuesta fue presentada antes que las demás.
Entre las iniciativas destaca el denominado “proyecto de ley antibloqueos”, presentado por el diputado Carlos Alarcón (Unidad), que plantea eximir de responsabilidad a los agentes policiales y militares en caso de que se produzcan víctimas durante los bloqueos.
Otra propuesta, impulsada por la diputada María Soruco Chacón (Unidad), busca incorporar nueve tipos penales para sancionar a quienes participen en bloqueos de caminos, bajo la denominación de “ley contra el bloqueo, desabastecimiento, zozobra y de protección a la protesta social lícita y pacífica”.
En el Senado, la senadora Claudia Mallón presentó un proyecto que propone modificar el artículo 213 del Código Penal, aumentando la pena de privación de libertad de ocho a diez años para quienes, por cualquier medio, bloqueen o interrumpan el libre tránsito en carreteras principales o caminos secundarios, o pongan en riesgo la seguridad y continuidad del transporte público, incluso si el flujo no se detuviera completamente.
El senador José Ormachea explicó que aún no se ha conformado la comisión integrada acordada por el pleno del Senado para analizar estos proyectos, y que esta definición se pospondrá para la próxima sesión. Mientras tanto, el presidente del Senado, Diego Ávila, adelantó que se llevará adelante un proceso de socialización de las propuestas.
Por su parte, diversas organizaciones sociales han comenzado a articular sus respuestas frente a estas iniciativas. La Central Obrera Boliviana (COB) y los mineros fueron los primeros en declarar estado de emergencia ante la intención gubernamental de aprobar estas normas, y han advertido que no permitirán su aprobación
