La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija ha promulgado una nueva ley que redefine el esquema de asignación de recursos económicos para las provincias productoras de hidrocarburos, generando un profundo debate y anticipando un inminente conflicto de competencias. Esta normativa departamental busca modificar la distribución del 45% de las regalías que tradicionalmente se destinan a la región del Chaco, un porcentaje establecido previamente por una ley de carácter nacional.
La iniciativa, impulsada principalmente por las provincias de Arce y O’Connor, tiene como objetivo reconocer la producción de hidrocarburos fuera de la zona chaqueña. Sin embargo, su implementación implica una reestructuración del consolidado 45% que el Chaco ha recibido durante años, lo que ha encendido las alarmas y proyecta un escenario de posibles litigios y desavenencias institucionales.
El nuevo marco legal introduce un modelo de reparto significativamente distinto. Para el Chaco, el 45% de las regalías ahora estará condicionado a la producción efectiva de hidrocarburos de su jurisdicción territorial. Esto significa que la participación del Chaco se calculará exclusivamente sobre lo que produzca su propio territorio, y no sobre el total de las regalías departamentales, lo que podría resultar en una reducción de sus ingresos si su producción disminuye.
Adicionalmente, la ley asigna un 38% para las nuevas provincias productoras, incluyendo Arce y O’Connor, así como otras que puedan sumarse en el futuro. De este monto, la mitad se destinará directamente a los municipios de dichas provincias, mientras que la otra mitad será gestionada por la Gobernación para proyectos de salud en esas mismas jurisdicciones. Se establece también un 7% como regalía solidaria, financiada con los recursos de la producción de Arce y O’Connor, destinada a municipios de provincias no productoras. El 55% restante de los recursos se mantiene bajo la administración del Gobierno Departamental.
El principal desafío que enfrenta esta normativa no es solo de índole política, sino fundamentalmente legal. El 45% de las regalías que el Chaco percibe actualmente se fundamenta en una ley nacional, anterior incluso a la actual Constitución Política del Estado, que en su momento blindó el pacto fiscal tarijeño. Esta situación plantea un interrogante crucial sobre la capacidad de una ley departamental para modificar o reinterpretar lo que una ley nacional ha establecido de manera explícita y que ha regido la distribución de recursos por largo tiempo.
En el ámbito del derecho autonómico, se ha señalado que no existe una jerarquía entre las leyes nacionales, departamentales o municipales, sino que prevalece el principio de competencia. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que la distribución interna de las regalías es una atribución de la Asamblea Departamental. Las regalías, en este contexto, se entienden como una compensación por el impacto ambiental derivado de la extracción de hidrocarburos en un determinado territorio, lo que sugiere que su redistribución debe ser equitativa y no basarse en factores demográficos o geográficos.
Respecto a las leyes preconstitucionales, como la que ampara el 45% del Chaco, la Ley Marco de Autonomías establece que estas mantienen su vigencia siempre y cuando no se desarrollen o creen normativas específicas sobre la materia por parte de las entidades territoriales. La existencia de una nueva ley departamental podría, según esta interpretación, dejar inaplicable la norma nacional preconstitucional. Asimismo, se ha enfatizado que las regiones autónomas, a pesar de su estatus, no poseen facultades legislativas propias en esta materia, sino que ejercen competencias transferidas por los gobiernos departamentales, manteniendo estos últimos la potestad legislativa. La promulgación de esta norma por el Gobernador requeriría un análisis previo sobre su impacto en el Gobierno Regional y, dadas sus implicaciones legales, podría ser el Tribunal Constitucional Plurinacional quien deba resolver cualquier controversia.
Desde la región del Chaco, la ley departamental ha sido calificada de inconstitucional, argumentando que sus recursos están protegidos por normativas nacionales. Se han anunciado acciones legales por inconstitucionalidad e ilegalidad. En contraste, líderes de sectores sociales de municipios como Entre Ríos, Padcaya y Bermejo han expresado su respaldo a la aprobación de esta nueva normativa. Sin embargo, algunas voces han advertido que esta redistribución se produce en un contexto de disminución general de los ingresos por regalías para Tarija, lo que podría llevar a una futura escasez y subraya la necesidad de un nuevo pacto fiscal más amplio
