El gobierno de Nicaragua ha decidido restablecer el requisito de visa para los ciudadanos cubanos, una medida que marca un cambio significativo en las relaciones migratorias entre ambos países. Esta decisión, anunciada recientemente por la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pone fin a la política vigente desde 2021 que permitía el ingreso libre de cubanos al territorio nicaragüense sin necesidad de visa. Este ajuste en la política migratoria se produce en un contexto regional y geopolítico complejo, donde convergen presiones internacionales y dinámicas internas que afectan tanto a Nicaragua como a Cuba.
La eliminación del libre visado para los ciudadanos cubanos ocurre en un momento delicado para el gobierno nicaragüense, que enfrenta crecientes demandas por parte de Estados Unidos para que libere a presos políticos. La administración estadounidense ha intensificado su vigilancia sobre las rutas migratorias que atraviesan Centroamérica, señalando a Nicaragua como un punto clave en el tránsito irregular de migrantes hacia el norte del continente. En particular, Washington ha denunciado recurrentemente que Managua actúa como un puente facilitador para la llegada de personas sin documentación adecuada, provenientes no solo de países latinoamericanos sino también de África y Asia, quienes utilizan vuelos con destino a Estados Unidos.
Esta dinámica migratoria ha generado tensiones diplomáticas significativas entre Nicaragua y Estados Unidos. En noviembre del año anterior, el gobierno estadounidense impuso sanciones contra empresarios y funcionarios nicaragüenses acusados de facilitar la migración ilegal desde el país hacia el norte. Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para controlar los flujos migratorios y presionar al gobierno de Ortega y Murillo en temas vinculados a derechos humanos y gobernabilidad.
Por otro lado, la decisión nicaragüense también se inscribe en un contexto internacional marcado por las dificultades económicas y políticas que atraviesa Cuba. La isla caribeña enfrenta una aguda crisis energética derivada del endurecimiento del embargo estadounidense bajo la administración del entonces presidente Donald Trump. Una de las acciones más impactantes fue la reducción del suministro de petróleo venezolano hacia Cuba, lo que agravó las limitaciones en el acceso a recursos básicos y complicó aún más la situación interna cubana.
La medida adoptada por Managua no especifica las razones detrás del restablecimiento del requisito de visa para los ciudadanos cubanos, limitándose a informar oficialmente que quienes porten pasaportes ordinarios deberán tramitar dicho documento para ingresar al país. Sin embargo, es posible interpretar esta acción como una respuesta directa o indirecta a las presiones internacionales mencionadas, así como a las propias dinámicas migratorias que afectan a Nicaragua.
Para la población cubana, esta nueva regulación representa una barrera adicional en sus posibilidades de movilidad regional. Desde 2021 habían podido desplazarse hacia Nicaragua sin mayores restricciones migratorias, lo cual facilitaba no solo viajes turísticos sino también rutas alternativas para aquellos con intenciones migratorias hacia Estados Unidos u otros destinos. Ahora, con la exigencia de visa reinstaurada, se incrementan los trámites burocráticos y posibles obstáculos para este segmento poblacional.
En definitiva, esta modificación en la política migratoria nicaragüense refleja tanto las presiones externas ejercidas por Estados Unidos como las complejidades internas derivadas del papel estratégico que desempeña Nicaragua en las rutas migratorias centroamericanas. Asimismo, pone en evidencia cómo las relaciones entre países aliados dentro de América Latina pueden verse afectadas por factores geopolíticos mayores y por las estrategias nacionales encaminadas a responder a desafíos económicos y sociales presentes en la región
