El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, reveló recientemente que el Gobierno anterior, encabezado por Luis Arce, dejó una deuda significativa cercana a los 950 millones de dólares relacionada con la importación de combustibles. Este pasivo financiero aún se encuentra en proceso de gestión por parte de la actual administración, lo que evidencia un desafío importante en el manejo de las finanzas públicas y en la estabilidad económica del país.
Durante una entrevista concedida al programa de Streaming POV, Espinoza explicó que esta deuda es una consecuencia directa del escenario de iliquidez que enfrentó el país al momento del cambio de gobierno. La falta de liquidez obligó a las autoridades actuales a priorizar ciertos pagos y a reordenar la utilización de las divisas disponibles para hacer frente a las obligaciones externas. Esta situación refleja las dificultades financieras heredadas y la necesidad urgente de implementar estrategias para estabilizar y mejorar la economía nacional.
El ministro enfatizó que, pese a la magnitud del pasivo, existe una coordinación positiva con los proveedores internacionales involucrados en la cadena de suministro de combustibles. Según indicó, estos proveedores han empezado a mostrar una predisposición favorable para ordenar y regularizar los pagos pendientes. Esta disposición resulta fundamental para restablecer relaciones comerciales sólidas y garantizar el suministro continuo y confiable de combustible al país.
La gestión actual se encuentra en un proceso activo para negociar y administrar esta deuda, buscando no solo cumplir con las obligaciones financieras sino también evitar impactos negativos mayores en la economía interna. La deuda por importación de combustibles representa un componente crítico dentro del balance económico nacional, dado que el abastecimiento energético es esencial para diversas actividades productivas y para el funcionamiento cotidiano del país.
Este contexto financiero también tiene implicaciones directas sobre la confianza externa e interna respecto a la estabilidad económica. La capacidad del Gobierno para manejar adecuadamente estos pasivos influye en indicadores clave como el riesgo país y en la percepción que tienen los inversionistas sobre el entorno económico nacional. En este sentido, la coordinación con proveedores y la reestructuración ordenada de las obligaciones son pasos vitales para recuperar esa confianza y avanzar hacia una situación financiera más sólida.
En suma, el anuncio realizado por José Gabriel Espinoza pone en evidencia uno de los desafíos económicos más urgentes que enfrenta el Gobierno actual: resolver un pasivo considerable dejado por su antecesor, mientras procura mantener el equilibrio macroeconómico. La transparencia en esta gestión y la búsqueda de soluciones colaborativas con los acreedores son elementos esenciales para garantizar la continuidad del abastecimiento energético y fortalecer la economía nacional en el mediano plazo
