Un grupo de esposas de mineros afiliados a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), junto con sectores de la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia, han iniciado piquetes de huelga de hambre para demandar la derogación del Decreto Supremo 5503. Esta medida, respaldada por miembros de la Central Obrera Boliviana (COB), se lleva a cabo en un contexto de creciente descontento y críticas por parte de la ciudadanía.

Uno de los piquetes se estableció en las oficinas de la federación minera ubicadas en el Prado de La Paz, donde una de las participantes defendió la protesta e hizo un llamado a la sociedad para que se una a la causa. Señaló que la nueva dirigencia de la COB está alineada con los intereses de la población, luchando contra el aumento del costo de la canasta familiar, y enfatizó que no están dispuestos a cargar con las consecuencias de la crisis actual.

Simultáneamente, otro grupo comenzó una huelga de hambre en las instalaciones de la COB. En este marco, el ejecutivo de la organización, Mario Argollo, expresó su pesar por la situación y atribuyó la radicalización de las protestas a la falta de sensibilidad del Gobierno. Destacó el compromiso de las manifestantes y aclaró que la protesta es de carácter reivindicativo, sin motivaciones políticas o sectoriales, con el objetivo de proteger el bienestar de las futuras generaciones.

Las movilizaciones se reanudaron al inicio del nuevo año, y los líderes sindicales advirtieron que mantendrán la protesta hasta alcanzar sus objetivos. No obstante, el apoyo social a estas acciones es limitado. Las marchas, que se han desarrollado desde la semana anterior con una breve pausa, han generado rechazo entre amplios sectores de la población, quienes manifiestan cansancio y desaprobación.

Algunos ciudadanos consultados expresaron su desacuerdo con las movilizaciones, argumentando que los mineros y la COB están defendiendo beneficios que consideran ya no corresponden y que, en lugar de dividirse, la sociedad debería unirse para impulsar mejoras en el país. Otros señalaron que la prioridad debe ser retomar la normalidad y el trabajo, lamentando que las protestas obstaculicen el tránsito y afecten su día a día.

Las críticas se intensificaron tras revelarse que los trabajadores mineros de las empresas estatales Huanuni y Colquiri, bajo la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), reciben salarios que superan los 30.000 bolivianos mensuales, llegando en algunos casos a más de 50.000 bolivianos, incluyendo salario básico, bonos y otros beneficios. Además, este sector cuenta con aguinaldo y todas las prestaciones sociales correspondientes.

Algunos vecinos señalaron que estas protestas perjudican a quienes deben cumplir con sus responsabilidades laborales, mientras que otros fueron más contundentes al criticar el impacto negativo que, según ellos, estas movilizaciones generan en la ciudad