El proyecto de ley antibloqueo, que actualmente se encuentra en tratamiento en la comisión de Justicia Plural del Legislativo, ha logrado consolidar un respaldo significativo por parte de diversas organizaciones sociales y gremiales. Según informó el presidente de dicha comisión, Manolo Rojas, ya se ha alcanzado la adhesión de alrededor de 100 entidades, lo que refleja un amplio apoyo a esta iniciativa que busca establecer sanciones para quienes realicen bloqueos de caminos. Esta cifra es relevante porque evidencia un respaldo considerable dentro del espectro social y productivo del país, aunque también pone en relieve la notable ausencia de la Central Obrera Boliviana (COB), principal agrupación sindical y opositora al proyecto.

Rojas señaló que la invitación a participar en el debate y en las mesas de trabajo fue abierta para todas las organizaciones, sin distinción. En ese sentido, destacó que sectores como los mineros, gremiales, empresariales e incluso el sistema educativo han manifestado su adhesión al proyecto. Sin embargo, la COB no ha formalizado su apoyo ni ha asistido a las reuniones convocadas por la comisión. El presidente de Justicia Plural lamentó esta situación y subrayó que no existen invitaciones especiales dirigidas exclusivamente a esta organización; por el contrario, reiteró que el proceso es inclusivo y abierto para todos los actores sociales interesados.

El contexto en el cual se discute este proyecto es complejo y tenso. El Gobierno tiene bajo consideración cuatro propuestas legislativas destinadas a penalizar los bloqueos de caminos, una práctica recurrente en el país que genera impactos significativos en la economía y la vida cotidiana. La responsabilidad para avanzar con estas iniciativas recae en la comisión parlamentaria mencionada, encargada de analizar los proyectos y promover consenso entre las distintas fuerzas políticas y sociales.

La oposición a estas leyes proviene principalmente de sectores organizados que agrupan a trabajadores mineros, maestros y campesinos, siendo la COB la representación más emblemática de esta resistencia. Estos grupos han expresado su rechazo frontal al proyecto y han cuestionado con quiénes están realmente dialogando los legisladores oficialistas. En sus declaraciones públicas, han recordado que fueron precisamente estos sectores quienes lograron frenar una medida gubernamental anterior —el decreto 5503— mediante acciones coordinadas. Este antecedente genera expectativas entre ellos sobre un posible nuevo rechazo efectivo frente al actual intento legislativo.

El diputado Rojas hizo un llamado a evitar confrontaciones que puedan derivar en bloqueos o movilizaciones contrarias a la ley que se pretende aprobar. Subrayó que aún existe espacio para el diálogo y para construir consensos antes de adoptar posturas cerradas o adversas. No obstante, no detalló fechas ni lugares específicos donde se llevaron adelante las reuniones ni dónde se concretaron las adhesiones formales al proyecto; únicamente mencionó que algunas actividades se desarrollaron en el campo ferial Chuquiago, ubicado en la zona Sur de La Paz.

En cuanto al escenario político dentro del Legislativo, Rojas afirmó que hay un consenso entre las tres principales bancadas parlamentarias —PDC (Partido Demócrata Cristiano), Unidad Ciudadana y Libre 21— quienes respaldan con entusiasmo este proyecto antibloqueo. Estas fuerzas políticas suman más de dos tercios del total de votos necesarios para aprobar leyes constitucionales o reformas importantes. Sin embargo, pese a este amplio respaldo mayoritario, existe una postura crítica dentro del propio órgano legislativo: Edmand Lara, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha expresado su oposición al intento gubernamental por penalizar las movilizaciones sociales mediante esta legislación.

Este rechazo interno añade un elemento adicional al debate sobre el proyecto antibloqueo: aunque hay mayoría numérica favorable para su aprobación en comisiones y bancadas afines al Gobierno, persiste una discrepancia significativa en cuanto a los principios democráticos relacionados con el derecho a la protesta social. La tensión entre garantizar el orden público frente a preservar espacios legítimos para manifestaciones populares es uno de los ejes centrales del conflicto político actual.

En síntesis, el avance del proyecto antibloqueo refleja una dinámica compleja donde convergen intereses divergentes entre Ejecutivo y Legislativo oficialistas por un lado, y sectores sociales organizados junto con algunos representantes políticos críticos por otro. La exclusión voluntaria o involuntaria de la COB del proceso deliberativo incrementa las dificultades para alcanzar acuerdos amplios e inclusivos. Las próximas semanas serán determinantes para definir si este marco normativo puede consolidarse como una herramienta efectiva para reducir bloqueos o si generará nuevas confrontaciones sociales cuya resolución exigirá mayor diálogo y negociación entre todas las partes involucradas