El año 2026 se perfila como un periodo crucial para el trabajo de senadores y diputados, enfrentando retos que superan las diferencias políticas con el vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara. Un Decreto Supremo vigente no es considerado suficiente para impulsar una transformación profunda del modelo económico del país, según coinciden varios parlamentarios que abogan por una reforma integral en las normativas económicas, sociales y judiciales, acompañada de una eventual reforma constitucional.
Desde el ámbito legislativo, se plantean dos caminos para avanzar en estos cambios. Por un lado, se espera que el presidente de la Asamblea asuma un liderazgo efectivo que permita consensuar y guiar las modificaciones estructurales necesarias, dejando de lado posturas confrontativas que dificultan el diálogo. Por otro lado, se propone que las distintas bancadas consoliden una institucionalidad colegiada que garantice el funcionamiento autónomo del Senado y la Cámara de Diputados, permitiendo que cumplan sus funciones de legislar y fiscalizar sin depender de la convocatoria del presidente de la Asamblea.
Diversos parlamentarios con experiencia coinciden en que este año será decisivo para establecer nuevas bases legislativas que modifiquen las leyes estructurales que han sostenido el modelo económico social comunitario y productivo vigente durante casi dos décadas. En ese sentido, el senador José Manuel Ormachea enfatiza la necesidad de detener el deterioro económico mediante un paquete de reformas que impulsen la economía interna y brinden seguridad jurídica para atraer inversiones. Entre las modificaciones prioritarias menciona la revisión de leyes clave como la del agro, minería, inversiones, el Código Tributario y la normativa sobre recursos evaporíticos.
Asimismo, la diputada Cecilia Requena destaca la importancia de abordar una reforma parcial de la Constitución Política del Estado para facilitar cambios estructurales que incluyan desde la transición energética hasta la selección de magistrados del Órgano Judicial. También subraya el papel fiscalizador de la Asamblea en la protección ambiental. Requena advierte que el 2026 será un año exigente para los partidos y legisladores, y aunque lamenta la falta de disposición al consenso del presidente de la Asamblea, confía en que se puedan superar esos obstáculos mediante mecanismos institucionales ya existentes.
Por su parte, el diputado José Luis Porcel señala que el Ejecutivo también tiene un rol fundamental al enviar proyectos de ley claros para evitar trabas en el proceso legislativo. Considera que este año es clave para establecer reglas que fomenten la inversión tanto extranjera como nacional en proyectos de desarrollo alternativo.
El senador Ormachea señala que la persistencia de tensiones entre el vicepresidente y el presidente de la Asamblea, quien recientemente se declaró opositor al gobierno y apoyó movilizaciones sindicales, podría complicar el trabajo legislativo. Resalta la interdependencia entre ambas figuras para aprobar reformas estructurales y cumplir con sus roles institucionales, aunque hasta ahora no se ha evidenciado una colaboración efectiva entre ellos.
En resumen, el 2026 se presenta como un año determinante para la renovación legislativa y política, con la necesidad de superar diferencias internas y avanzar en reformas profundas que impulsen el desarrollo económico y social del país
