La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) ha señalado a dos empresas estadounidenses, vinculadas al proceso de verificación, embalaje y carguío de mercancías, como responsables del control previo de una carga sospechosa que salió desde Estados Unidos hacia Bolivia. En esta carga, organizaciones del narcotráfico lograron camuflar un total de 369 kilos de marihuana líquida distribuidos en tres envíos distintos, ocultos dentro de amplificadores de sonido y maquinaria industrial. Este hallazgo pone en evidencia un complejo entramado que involucra el traslado internacional de sustancias ilícitas mediante rutas comerciales aparentemente legales.
El procedimiento para el manejo y revisión de la carga inicia con su entrega a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) en Miami, donde se consolida y se rotula cada envío. Posteriormente, la carga es transferida a una empresa terciaria llamada WFS, que realiza una inspección mediante sistemas de rayos X. Tras esta revisión, la mercancía pasa por el control aduanero estadounidense, a cargo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Solo después de superar estos tres niveles de control es cuando la carga se embarca en las aeronaves con destino a Bolivia. Este proceso fue detallado por el comandante general de la FAB, general Sergio Lora, durante una conferencia de prensa en la que también participó el gerente de TAB, coronel Sergio Villarreal.
Durante la conferencia, las autoridades militares enfatizaron que el personal de TAB no tuvo contacto directo con la carga contaminada ni está implicado en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. El comandante Lora subrayó que la responsabilidad sobre la veracidad y legalidad del contenido declarado recae exclusivamente en los remitentes, consignatarios y operadores logísticos involucrados en cada operación. La aerolínea militar cumple únicamente funciones formales y documentales estipuladas por ley y no realiza inspecciones materiales ni certificaciones adicionales sobre el contenido declarado por terceros.
El caso se inició oficialmente el 13 de febrero en el aeropuerto internacional Viru Viru, ubicado en Santa Cruz de la Sierra. Allí, personal aduanero detectó irregularidades en dos bultos transportados por un vuelo directo desde Miami. Las encomiendas tenían como origen Tampa, Florida, y su destino final era un domicilio particular ubicado en el departamento del Beni. Ante las sospechas generadas durante los controles rutinarios, se aplicó un procedimiento conocido como “canal rojo”, que implica la apertura física obligatoria del paquete para su inspección.
Durante esta revisión física se constató inicialmente que los bultos contenían amplificadores de sonido tal como figuraba en las declaraciones aduaneras; sin embargo, elementos sospechosos dentro del equipo motivaron una alerta a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). Agentes antidroga acudieron al lugar con apoyo canino especializado para realizar una inspección más exhaustiva. El perro detectó paquetes ocultos dentro del amplificador que contenían una sustancia pastosa identificada posteriormente como marihuana líquida.
Las investigaciones posteriores revelaron que el mismo importador había realizado un segundo envío compuesto por tres bultos declarados como maquinaria diversa y con un peso total considerablemente mayor. En este segundo envío también se encontró marihuana líquida oculta dentro del equipo transportado. Cinco días después, se confirmó un tercer envío realizado por este mismo importador que contenía nuevamente amplificadores con droga líquida camuflada.
Este caso trascendió públicamente recién el 19 de febrero tras la filtración de informes preliminares; sin embargo, desde ese momento surgieron diversas versiones contradictorias e imprecisas que alimentaron especulaciones sobre posibles fallas o negligencias en los controles aduaneros y aeroportuarios del Viru Viru. Algunos legisladores expresaron cuestionamientos sobre los mecanismos vigentes para detectar este tipo de ilícitos durante las operaciones regulares.
Por otro lado, las instituciones oficiales involucradas no han logrado aún unificar una versión clara sobre todos los detalles del caso debido a que permanece bajo investigación formal por parte del Ministerio Público. Entre los datos todavía desconocidos figuran aspectos como los números o códigos específicos de los vuelos utilizados por TAB para transportar estas encomiendas contaminadas o si estos arribaron agrupados en uno solo o distribuidos entre varios vuelos.
En cuanto a las características del método empleado para esta modalidad criminal, el viceministro de Defensa Social calificó este modus operandi como “una modalidad nueva” dentro del narcotráfico internacional dado que no es común que drogas ilegales sean enviadas desde Estados Unidos hacia otros países utilizando rutas comerciales regulares. No obstante, mencionó antecedentes similares registrados previamente en Uruguay desde 2025, lo cual evidencia un cambio significativo tanto en las rutas geográficas como en las técnicas empleadas por redes criminales para evadir controles antidrogas.
Este caso pone al descubierto no solo las dificultades inherentes al control logístico internacional frente a nuevas formas sofisticadas para traficar sustancias ilícitas sino también plantea desafíos importantes para reforzar los mecanismos preventivos y colaborativos entre autoridades aduaneras y fuerzas militares tanto nacionales como extranjeras. La detección oportuna e investigación exhaustiva son fundamentales para limitar el ingreso y distribución interna de narcóticos camuflados bajo mercancías aparentemente legales destinadas al consumo legítimo dentro del país
