La justicia boliviana ha dado un nuevo giro en la investigación relacionada con la compra del predio productivo conocido como “Adán y Eva”, un caso que involucra directamente a Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce. Este martes, las autoridades judiciales declararon en rebeldía al acusado y emitieron una orden de aprehensión en su contra, tras su ausencia injustificada en la audiencia de medidas cautelares programada para esta mañana. Esta decisión refleja la gravedad con la que el sistema judicial está abordando las presuntas irregularidades relacionadas con esta adquisición inmobiliaria.
La audiencia, prevista para evaluar las medidas cautelares correspondientes, no pudo llevarse a cabo con la presencia del imputado, situación que motivó al Ministerio Público a solicitar formalmente su declaratoria de rebeldía. La autoridad jurisdiccional aceptó esta petición, marcando un paso firme en el proceso legal y dejando abierta la vía para una eventual captura. La ausencia de Arce Mosqueira no solo complica su situación procesal, sino que también pone en evidencia una posible intención de evadir la acción de la justicia.
El caso gira en torno a supuestos delitos vinculados con el enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y otras irregularidades relacionadas con el origen de los recursos utilizados para adquirir el predio “Adán y Eva”, ubicado en el departamento de Santa Cruz. Según las investigaciones preliminares, además del mencionado terreno, Rafael Arce Mosqueira habría realizado otras adquisiciones ostentosas, incluyendo un penthouse y vehículos de alta gama en La Paz, así como otros siete bienes inmuebles en Santa Cruz. La Fiscalía sostiene que el valor total de estos bienes no se corresponde con los ingresos económicos declarados por el imputado, lo que despierta sospechas sobre la procedencia lícita del patrimonio acumulado.
En defensa del investigado, se ha argumentado que la compra del terreno se efectuó mediante un préstamo bancario legítimo. Sin embargo, las autoridades continúan indagando para determinar si los recursos utilizados realmente provienen de fuentes lícitas o si existe algún tipo de malversación o uso indebido de fondos públicos o privados. Este punto es crucial para esclarecer si hubo algún tipo de delito económico y patrimonial que pudiera afectar al Estado boliviano.
Una dimensión adicional a este complejo escenario es la dificultad actual para localizar a Rafael Arce Mosqueira. El fiscal Miguel Cardozo informó que se desconoce su paradero desde hace tiempo y recordó que desde octubre de 2025 existe una alerta migratoria vigente contra él. Esto indica que si ha abandonado el país, habría cometido una salida irregular, lo cual agrava su situación legal y podría llevar a acciones internacionales para su búsqueda y captura.
Las investigaciones no se limitan únicamente al imputado principal; la Fiscalía anunció que continuará citando a otros involucrados en este caso. Entre ellos figura la pareja del acusado, lo cual apunta a una posible red o complicidad en las supuestas irregularidades detectadas. Además, no se descarta ampliar el proceso para incluir a más personas vinculadas directa o indirectamente con estas operaciones sospechosas.
Este caso tiene antecedentes recientes pero significativos. Fue admitido formalmente por la justicia en agosto de 2025 después de una denuncia por presunta compra irregular del predio “Adán y Eva”. Cabe destacar que inicialmente el proceso fue archivado en 2024; sin embargo, tras nuevas evidencias o reconsideraciones legales, la Fiscalía Departamental de La Paz decidió reabrirlo en septiembre del mismo año. Este movimiento judicial refleja un esfuerzo por profundizar en el esclarecimiento del origen y destino final de los recursos vinculados a esta adquisición.
Como parte del proceso investigativo se solicitaron informes técnicos y financieros a entidades especializadas como la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y otras instituciones estatales encargadas del control económico-financiero. Estos informes son esenciales para determinar si hubo lavado de dinero o cualquier otra actividad ilícita relacionada con los fondos usados para comprar los inmuebles bajo sospecha.
El impacto social y político de este caso es considerable debido a la participación directa del hijo del expresidente Luis Arce. Más allá del ámbito estrictamente legal, estos hechos generan inquietud sobre posibles prácticas corruptas o irregulares dentro del círculo cercano a figuras políticas relevantes. La población observa atentamente cómo se desarrolla este proceso judicial porque representa un testimonio sobre el compromiso institucional para combatir posibles actos ilícitos incluso cuando involucran a personas vinculadas al poder político.
En resumen, la declaración de rebeldía contra Rafael Arce Mosqueira y la orden de aprehensión emitida marcan un punto crítico dentro de esta investigación compleja sobre enriquecimiento ilícito y manejo cuestionable de bienes patrimoniales. El desarrollo futuro del caso dependerá tanto del hallazgo efectivo del imputado como del avance en las indagaciones sobre otras personas implicadas. Mientras tanto, este episodio reafirma la importancia del rigor judicial frente a delitos económicos vinculados al patrimonio estatal y privado dentro del contexto boliviano actual
