La investigación que involucra a tres exfutbolistas de Alianza Lima, acusados de haber cometido una violación en Uruguay, avanza con nuevos pasos procesales que buscan esclarecer los hechos ocurridos el pasado 18 de enero en Montevideo. Los exjugadores Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron apartados del club peruano tras la denuncia presentada en Argentina por una mujer argentina, situación que ha generado un profundo impacto en el equipo y ha puesto bajo escrutinio tanto a los involucrados como a la institución deportiva.
El caso se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, cuya titularidad está en manos del fiscal Fernando Javier Rouco Oliva. En las últimas semanas se han ordenado medidas de prueba significativas que refuerzan la investigación. Entre ellas destaca un allanamiento realizado a la amiga de la denunciante, quien fue la persona que invitó a la víctima a viajar desde Argentina hasta Uruguay y facilitó su contacto con los futbolistas implicados. Este operativo permitió incautar dispositivos electrónicos como un teléfono celular y una tableta, los cuales aún deben ser sometidos a pericias técnicas para obtener información relevante para el caso.
El abogado querellante, Ignacio De Franco, explicó que esta amiga utilizó una tarjeta bancaria vinculada a Carlos Zambrano para efectuar compras durante su estadía en Montevideo, lo que evidencia vínculos estrechos entre los protagonistas antes y durante el episodio denunciado. Según el relato recogido por la defensa de la víctima, ambas mujeres se hospedaron en el hotel Hyatt donde también se alojaban los futbolistas del Alianza Lima. La invitación directa partió de Zambrano hacia la amiga de la denunciante, lo cual fue clave para que este encuentro tuviera lugar.
En las horas finales del domingo 18 de enero, las mujeres ingresaron a una habitación donde se encontraban cinco jugadores del equipo peruano; dos de ellos abandonaron ese lugar poco después. Durante esa reunión social se consumieron bebidas alcohólicas por sugerencia expresa de los futbolistas, situación que llevó a que la denunciante perdiera el conocimiento tras ingerir una cantidad moderada de alcohol. La víctima recobró la conciencia cuando estaba siendo agredida sexualmente por uno de los jugadores presentes.
La gravedad del caso ha llevado a que se lo catalogue como “abuso sexual con acceso carnal”, delito que está siendo investigado con rigurosidad y bajo estrictos protocolos judiciales. En paralelo al desarrollo del proceso judicial en Argentina, se ha solicitado formalmente a las autoridades uruguayas acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el hotel Hyatt para obtener pruebas visuales que puedan corroborar o descartar versiones sobre lo ocurrido.
Un aspecto relevante en esta causa es el pedido realizado por la Fiscalía argentina para que el expediente sea remitido al país donde ocurrieron los hechos. Esto implica un posible traslado jurisdiccional hacia Uruguay mediante mecanismos legales internacionales vigentes. El juzgado nacional correspondiente deberá decidir próximamente si dicha transferencia se efectúa mediante un convenio internacional penal o por vía consular; esta última opción podría acarrear demoras adicionales en el avance del proceso debido a trámites diplomáticos y administrativos.
Adicionalmente, desde un inicio se dispuso que especialistas en delitos sexuales intervengan directamente en la investigación para garantizar un abordaje profesional y sensible frente al delito denunciado. Se han secuestrado prendas conservadas por la víctima tras los hechos para su análisis forense y también se realizaron tomas biológicas destinadas a cotejos genéticos mediante pruebas de ADN programadas para desarrollarse próximamente. Estas acciones son fundamentales para aportar evidencia científica objetiva al esclarecimiento del caso.
Este episodio ha provocando conmoción no solo dentro del club Alianza Lima sino también entre seguidores y sociedad civil preocupada por temas relacionados con violencia sexual y responsabilidad ética en figuras públicas deportivas. La suspensión inmediata de los jugadores implicados refleja un compromiso institucional inicial con la gravedad de las acusaciones mientras continúa el proceso judicial. Asimismo, el caso pone en evidencia las complejidades legales transnacionales cuando delitos presuntamente ocurridos fuera del país son investigados desde otra jurisdicción.
La causa sigue abierta y bajo constante seguimiento judicial mientras las partes involucradas aguardan nuevas disposiciones sobre cómo proseguirán las diligencias tanto en Argentina como eventualmente en Uruguay. La resolución definitiva tendrá implicaciones no solo legales sino también sociales sobre cómo se aborda y sanciona este tipo de conductas dentro del ámbito deportivo e internacional. El desarrollo transparente y riguroso del proceso es esencial para garantizar justicia tanto para la víctima como para los acusados dentro del marco legal vigente
