El 19 de enero marcó el duodécimo aniversario desde la desaparición del periodista Cristian Mariscal, un caso que, a pesar del tiempo transcurrido y los cambios en las autoridades judiciales y gubernamentales, permanece sin resolverse y continúa archivado en el sistema judicial boliviano.
Mariscal fue visto por última vez en la noche del 19 de enero de 2014, en la residencia de su expareja. Desde entonces, su paradero sigue siendo desconocido. La investigación que se abrió para esclarecer su desaparición se ha convertido en un caso emblemático de presunta negligencia y falta de avances, según denuncian familiares, colegas y organizaciones vinculadas al periodismo.
Durante las primeras etapas del proceso, se realizaron peritajes a manchas de sangre encontradas en el lugar donde Mariscal fue visto por última vez. Sin embargo, la investigación se vio afectada por la contaminación de evidencias, lo que debilitó considerablemente la causa. En 2020, el caso fue cerrado formalmente mediante un sobreseimiento, sin que se identificaran responsables ni se lograran conclusiones definitivas.
A lo largo de estos años, la familia de Mariscal, junto a colegas y sectores del periodismo, ha impulsado diversas gestiones para reabrir la investigación. En enero de 2020, solicitaron a las autoridades de entonces que se reactive el caso y se inicie un proceso por incumplimiento de deberes contra los fiscales que estuvieron a cargo en las primeras fases, Gilbert Muñoz y Pamela Ovando.
El caso comenzó bajo la fiscalía de Gilbert Muñoz y la dirección general de Ramiro Guerrero. Posteriormente, otros funcionarios del Ministerio Público, entre ellos Juan Lanchipa y Sandra Gutiérrez, se comprometieron en diferentes momentos a avanzar con la investigación, aunque sin resultados concretos, según señalan los allegados al periodista.
En las últimas semanas, la desaparición de Mariscal ha vuelto a captar la atención pública, impulsada por la aparición de carteles que exigen respuestas y la reapertura del caso durante eventos oficiales del actual gobierno. Esto pone en evidencia que la desaparición sigue siendo una asignatura pendiente para el Estado en materia de justicia y libertad de prensa.
Tras doce años, la causa permanece archivada y sin responsables. Para la familia y el gremio periodístico, la desaparición de Cristian Mariscal no solo constituye una tragedia personal, sino que simboliza las deficiencias de un sistema judicial que no brinda respuestas, la falta de compromiso efectivo por parte de los gobiernos y la persistencia de la impunidad
