La dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) ha reaparecido públicamente para responder a las acusaciones relacionadas con el caso del Fondo Indígena (Fondioc). En su declaración, afirmó que en 2024 la justicia desestimó los cargos en nueve proyectos en los que se le había involucrado, reafirmando su inocencia y disposición para colaborar con las investigaciones.
El caso Fondioc ha tomado un nuevo impulso tras la detención preventiva del expresidente Luis Arce Catacora en diciembre de 2025, lo que llevó a la Fiscalía a ampliar las pesquisas y convocar a declarar a diversos exfuncionarios y dirigentes vinculados con la administración de estos recursos. Entre ellos, la dirigente del MAS, quien hasta hace poco ejerció como vicepresidenta del partido, salió a defender su nombre y a rechazar las imputaciones por presunta corrupción.
La dirigente calificó las acusaciones como motivadas políticamente y destacó que en 2024 ya presentó sus descargos en un proceso judicial que concluyó con un sobreseimiento a su favor. Actualmente, se encuentra informando a diferentes regiones del país sobre esta resolución, en respuesta a las continuas denuncias relacionadas con la gestión del Fondioc.
En cuanto a las imputaciones específicas, explicó que fue señalada por una supuesta malversación de fondos en nueve proyectos financiados por el Fondo Indígena, incluyendo dos localizados en comunidades de Tarija, San Agustín y Cabildo. Sin embargo, aclaró que en ninguno de estos casos figura como representante legal, lo que, según indicó, impidió que se le atribuyera responsabilidad alguna.
La dirigente también reconoció que en espacios públicos es frecuentemente señalada como corrupta, una acusación que rechazó categóricamente, defendiendo su trayectoria y asegurando que muchas veces las críticas carecen de fundamento. Además, lamentó que las auditorías a los proyectos del Fondo Indígena se hayan impulsado con tanta demora, atribuyendo esta situación a intereses políticos, especialmente en procesos que, según ella, están dirigidos contra mujeres.
Sobre las interrogantes respecto a los bienes que se le atribuyen, la dirigente admitió la existencia de una urbanización registrada a su nombre. No obstante, explicó que esta inscripción fue producto de una asamblea, dado que el terreno no podía ser registrado a nombre de todos los beneficiarios, por lo que aseguró que dicho bien no le pertenece de manera individual.
Con este pronunciamiento, la dirigente busca aclarar su situación y contrarrestar las denuncias que continúan circulando en torno a la administración de los recursos del Fondo Indígena
