Las tensiones entre las autoridades del Gran Chaco y la Asamblea Departamental de Tarija han escalado tras la reciente aprobación de una ley que modifica la distribución de regalías por hidrocarburos, específicamente el 45% que recibe esta región. El secretario de Gestión Institucional del gobierno del Gran Chaco, Miguel Ángel Salazar Nieves, ha dejado claro que la región no se quedará de brazos cruzados y ha anunciado su intención de solicitar la detención preventiva de los asambleístas que impulsaron esta norma.
Salazar hizo hincapié en que ya existe una denuncia presentada ante la Fiscalía, la cual ha sido admitida y está en proceso. Se espera que en las próximas semanas se lleve a cabo una audiencia cautelar. No puede ser que en todas las gestiones estemos dando vueltas sobre el mismo tema, afirmó Salazar, aludiendo a la preocupación por el impacto que esta ley podría tener en el bienestar económico del Gran Chaco. Según él, el delito asociado a esta situación podría conllevar penas superiores a cuatro años de encarcelamiento.
La controversia se intensificó después de que la mayoría de los asambleístas aprobara una nueva ley que modifica la distribución de regalías. Los legisladores argumentan que el Gran Chaco no debería recibir el 45% del total departamental, sino un porcentaje equivalente a su producción gasífera provincial. Esta posición ha generado movilizaciones tanto en Bermejo como en O’Connor, donde los pobladores han expresado su respaldo a las decisiones legislativas. Sin embargo, los chaqueños también han organizado protestas en Tarija para manifestar su desacuerdo con lo que consideran un despojo injusto.
Salazar reafirmó su postura al mencionar: Esto hay que pararlo de una forma definitiva. Su llamado a respetar la normativa vigente refleja un profundo descontento con lo que considera abusos por parte de algunos legisladores. Los chaqueños sostienen que la Asamblea no tiene competencia para abordar este asunto y han decidido acudir al Ministerio Público para hacer valer sus derechos.
Por otro lado, los asambleístas justifican su decisión al argumentar que es injusto que una región como el Gran Chaco obtenga un porcentaje tan alto del total departamental cuando otras provincias productoras no reciben un trato similar. Este debate sobre la equidad en la distribución de recursos ha polarizado aún más a las comunidades involucradas y plantea importantes interrogantes sobre el futuro del manejo de las regalías en Tarija.
Así, mientras se espera el desenlace judicial sobre las denuncias presentadas y se intensifican las movilizaciones sociales, el conflicto por las regalías del gas sigue latente, reflejando las complejidades políticas y económicas que enfrenta esta región boliviana. Las autoridades chaqueñas están decididas a hacer valer sus derechos hasta las últimas consecuencias, dejando claro que no se rendirán ante lo que consideran injusticias sistemáticas.
