A poco más de tres meses desde la asunción del nuevo Gobierno, el sistema universitario público ha manifestado un balance positivo respecto al diálogo establecido con las autoridades nacionales. Este acercamiento ha permitido la concreción de compromisos fundamentales para asegurar la estabilidad financiera de las casas de estudio superiores en el país, especialmente en lo que respecta al pago puntual de sueldos y salarios para el personal docente y administrativo.
La Confederación Universitaria de Docentes (CUD), a través de su ejecutivo Carlos Salinas, destacó la relevancia de una primera reunión mantenida con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas. En este encuentro participaron no solo rectores de todas las universidades públicas, sino también delegados de la Confederación Universitaria de Bolivia y miembros del cogobierno estudiantil, lo que refleja una representación amplia y plural del sector universitario. Esta integración fue clave para abordar temas sensibles que afectan a todas las instituciones por igual.
De esta reunión emergieron dos acuerdos centrales que han sido recibidos con optimismo dentro del sistema universitario. El primero se refiere a la garantía explícita de recursos financieros suficientes para que las universidades puedan cumplir con la obligación fundamental del pago salarial dentro de la primera semana de cada mes. Esta medida representa un avance significativo en la relación entre el Estado y las universidades públicas, ya que pone fin a prácticas anteriores en las que ciertas instituciones recibían trato preferencial debido a afinidades políticas con gestiones pasadas. De esta manera, se promueve una distribución equitativa y transparente de los recursos públicos destinados a la educación superior, fortaleciendo la igualdad entre todas las casas superiores.
El segundo acuerdo tiene que ver con el ajuste y revisión de las matrices de compromisos financieras impuestas sobre algunas universidades, las cuales habían limitado severamente su autonomía institucional. Estas matrices funcionaban como mecanismos restrictivos que condicionaban decisiones internas y afectaban directamente la gestión independiente y soberana que cada universidad debe ejercer según su normativa propia. La decisión gubernamental implica abrir mesas técnicas desde la próxima semana para analizar en detalle estas estructuras financieras y proponer modificaciones que permitan recuperar plenamente la capacidad administrativa y académica autónoma de cada universidad.
Además del ámbito económico, otro aspecto destacado por Salinas es la apertura del Gobierno para iniciar un proceso de discusión sobre una reforma profunda a la ley de jubilación vigente. Esta demanda ha sido una aspiración histórica dentro del sector universitario, pero ahora adquiere una dimensión más amplia al involucrar a todo el universo de aportantes al sistema previsional. La intención es buscar soluciones integrales que beneficien no solo a los docentes sino también a otros trabajadores afiliados. Para ello, se prevé canalizar esta iniciativa mediante la Brigada Parlamentaria, asegurando así su inclusión formal en la agenda legislativa dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En conjunto, estos avances reflejan un cambio sustancial en el vínculo entre el Ejecutivo nacional y el sistema universitario público, basado en el respeto a la autonomía universitaria, la equidad en el acceso a recursos y el compromiso conjunto con reformas estructurales necesarias para mejorar condiciones laborales y previsionales. Para estudiantes, docentes y administrativos, estos acuerdos representan un paso hacia un escenario más justo y estable, donde se reconoce plenamente el valor estratégico que tiene la educación superior pública para el desarrollo social y económico del país
