La tarde del jueves, un importante avance se produjo en La Paz cuando autoridades del Gobierno y representantes del sector transporte firmaron un acuerdo que busca abordar de manera efectiva los problemas relacionados con el suministro de combustible y proporcionar compensaciones a los propietarios de vehículos que han sufrido daños por la calidad de la gasolina. Este pacto ha llevado al levantamiento del paro indefinido que había sido convocado por los choferes, una medida que había generado una considerable paralización en la movilidad de la región.
El acuerdo incluye cuatro puntos clave que fueron discutidos y acordados entre las partes involucradas. En primer lugar, se establece un compromiso para llevar a cabo una verificación exhaustiva y transparente de la calidad del combustible en el departamento de La Paz. Esta verificación se realizará mediante inspecciones conjuntas en la planta de Senkata y en diversas estaciones de servicio, con el objetivo de asegurar que la gasolina suministrada cumpla con los estándares establecidos.
En segundo lugar, se ha acordado organizar un viaje a los países de origen de la nueva gasolina. Este viaje incluirá a representantes de las federaciones de choferes, quienes tendrán la oportunidad de verificar la calidad del combustible desde su punto de partida. Esta medida busca garantizar que el producto que llega al país sea seguro y cumpla con las expectativas.
Asimismo, se han establecido medidas concretas para el resarcimiento de los propietarios afectados. Este proceso permitirá compensaciones en más de una ocasión y se llevará a cabo de forma inmediata. Para facilitar este trámite, YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) habilitará oficinas físicas donde las federaciones podrán presentar la documentación necesaria o cargarla digitalmente.
Por último, el acuerdo garantiza el levantamiento inmediato de todas las medidas de presión por parte del transporte en La Paz, El Alto y otras localidades del departamento. Este paso es crucial para restablecer la normalidad en el servicio público y garantizar que los ciudadanos puedan movilizarse sin contratiempos.
Con este pacto, tanto el Gobierno como los choferes esperan no solo resolver los conflictos actuales, sino también establecer un canal de diálogo más efectivo para evitar futuras discrepancias relacionadas con el suministro y calidad del combustible en la región.
