En un reciente pronunciamiento, el gobierno ha sostenido que la nación se encuentra en un estado de calma y que esta situación se mantendrá hasta el traspaso de la administración el próximo 8 de noviembre. Paralelamente, se ha responsabilizado al poder legislativo y al sector empresarial por la actual coyuntura que atraviesa el país, desestimando la noción de una crisis energética.

Las autoridades han insistido en que el país no enfrenta una bancarrota, asegurando la disponibilidad de fondos en moneda local. Sin embargo, se ha reconocido una escasez de divisas como el principal desafío financiero. Esta carencia de moneda extranjera ha sido atribuida a presuntas acciones de ocultamiento por parte del congreso y los exportadores, calificándolas como una estrategia política deliberada. La afirmación de que el país no está en quiebra ha sido reiterada con firmeza.

A pesar de estas declaraciones, la nación experimenta una compleja situación económica y desafíos en el suministro de combustibles, aspectos que la administración tiende a minimizar, atribuyendo la responsabilidad a terceros. En contraste con la postura oficial, diversos especialistas han señalado que el país cumple con los criterios para ser considerado en una crisis energética.

Al abordar la cuestión de una supuesta crisis energética, un portavoz gubernamental ha argumentado con vehemencia que tal crisis se define por la falta de energía eléctrica o combustión. Ha aclarado que, si bien el país es productor de gas, carece de producción petrolera, lo que obliga a su adquisición en el mercado internacional. Esta compra, a su vez, demanda divisas de las que el país no dispone actualmente.

Mientras tanto, la situación en las calles refleja la persistencia de largas filas para la adquisición de combustible en diversas regiones, y los precios de los alimentos continúan bajo la amenaza de incrementos inminentes. En respuesta a la problemática, las Fuerzas Armadas han desplegado operativos de control y lucha contra el contrabando en las zonas fronterizas.

Con miras a la transición, las autoridades han manifestado que están dejando un país en paz, habiendo logrado estabilizarlo y preservar la tranquilidad. Se ha enfatizado que la llegada al poder se dio por vías democráticas y que la entrega de la administración el 8 de noviembre se realizará bajo los mismos principios