El Gobierno ha decidido nombrar de manera interina a Sandra Quiroga Solano como Contralora General del Estado, una medida oficializada a través del Decreto Supremo 5538. Esta designación temporal se mantendrá vigente hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional cumpla con su función constitucional de elegir a la autoridad titular para ocupar este importante cargo. La norma establece claramente que Quiroga Solano ejercerá las funciones de Contralora General en calidad interina, subrayando la necesidad de que el Legislativo asuma su responsabilidad en la designación definitiva.
Este cambio en la Contraloría General del Estado implica también la derogación del Decreto Supremo Nº 4749, emitido el 4 de julio de 2022, mediante el cual Nora Herminia Mamani fue nombrada como titular en esa misma instancia. La abrogación de esta disposición refleja un giro en la gestión administrativa y abre un nuevo capítulo en el control y supervisión estatal bajo la dirección provisional de Quiroga Solano.
La relevancia de esta designación se intensifica debido al contexto en que ocurre. En los últimos tiempos, han surgido denuncias relacionadas con supuestos retrasos en la entrega de informes vinculados a la gestión del Gobierno encabezado por Luis Arce y su equipo colaborador. Estos informes son fundamentales para garantizar la transparencia y fiscalización adecuada de las acciones gubernamentales, por lo que cualquier demora o irregularidad genera preocupación sobre el funcionamiento correcto de los mecanismos de control estatal.
La Contraloría General del Estado es un órgano clave para el monitoreo y evaluación del uso de recursos públicos y la administración estatal, por lo que contar con una autoridad interina puede tener implicaciones directas sobre el ritmo y eficacia en los procesos de auditoría y rendición de cuentas. La provisionalidad del cargo asignado a Sandra Quiroga Solano pone en evidencia, además, las dificultades o demoras que enfrenta la Asamblea Legislativa para cumplir con su mandato constitucional.
En términos más amplios, esta medida refleja un momento crítico para el sistema institucional boliviano, donde el equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se pone a prueba frente a responsabilidades fundamentales como el nombramiento de autoridades encargadas del control público. La población y los actores políticos estarán atentos al desarrollo posterior del proceso legislativo para designar al Contralor o Contralora General titular, cuya gestión será decisiva para fortalecer o debilitar los mecanismos anticorrupción y la transparencia gubernamental.
En definitiva, esta decisión gubernamental no solo marca un cambio administrativo sino que también señala un escenario político donde las demandas por mayor fiscalización y claridad en la gestión pública cobran especial importancia. El desempeño interino de Sandra Quiroga Solano será observado con atención mientras se espera una pronta definición desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, entidad responsable de consolidar la autoridad definitiva al frente del órgano contralor
