Antes de proseguir con su recorrido, un conductor de minibús que opera entre el macrodistrito San Antonio, el centro de la ciudad y la ladera oeste, informó a los pasajeros sobre la tarifa del pasaje. Explicó que, aunque la directiva de su sindicato había establecido un cobro de entre Bs 4,50 y Bs 5, él y varios colegas no estaban de acuerdo con ese aumento y decidieron mantener el precio en Bs 3,50. Tras mostrar un documento oficial con el sello sindical, preguntó a los usuarios si estaban conformes con ese monto, a lo que respondieron afirmativamente, permitiendo que el viaje prosiguiera sin inconvenientes.
La reciente decisión presidencial de eliminar la subvención a los combustibles, incluyendo gasolina y diésel, generó inicialmente sorpresa y preocupación entre la ciudadanía. Ante el temor de un incremento inmediato en los precios, muchas personas se dirigieron a las estaciones de servicio para abastecer los tanques de sus vehículos.
En paralelo, desde temprano en la mañana, los líderes del sector transporte emitieron advertencias al Gobierno, establecieron plazos para la derogación del Decreto Supremo 5503 y anunciaron posibles movilizaciones, incluyendo paros y bloqueos, con la amenaza de mantener estas medidas de forma indefinida si no se restauraba la subvención.
Diversos sectores sociales se sumaron a estas protestas. La Central Obrera Boliviana (COB), trabajadores mineros, organizaciones sociales de El Alto, panificadores y gremios expresaron su rechazo a lo que denominaron un “gasolinazo”, alertando sobre un aumento en las movilizaciones contra el Ejecutivo. Incluso, un grupo afiliado a la Central Obrera Regional de El Alto llevó a cabo una marcha en la que exigieron la renuncia del presidente.
No obstante, un recorrido por la ciudad evidenció una reacción más matizada. A pesar de la preocupación visible en algunos rostros, predominaba una actitud de calma y resignación, como si la población aceptara una noticia negativa que se venía anticipando y que no tiene vuelta atrás.
Un pasajero que llevaba una bolsa con alimentos comentó que la eliminación de la subvención era inevitable. Otra mujer, que cargaba productos básicos como verduras, carne, arroz y aceite, señaló que la medida podría poner fin a una situación en la que, según ella, los más beneficiados eran los contrabandistas.
En las paradas de transporte público, los usuarios preguntaban por el precio del pasaje y aceptaban pagar Bs 3,50, reflejando un acuerdo tácito entre conductores y pasajeros, ambos conscientes de los primeros efectos de la eliminación de las subvenciones.
Al mismo tiempo, un sector considerable de la población se dirigió a mercados y centros de abastecimiento, donde se observaron largas filas para adquirir productos básicos como arroz, azúcar, harina, aceite y fideos. Esta reacción no solo respondía al temor de aumentos en los precios, sino también a la posibilidad de bloqueos que podrían afectar el suministro.
Desde el Gobierno, se reconoció que estas respuestas eran esperables y se admitió que la medida impactará en el costo de vida. Sin embargo, confiaron en que tras el efecto inicial, la situación se estabilizará. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar caer en el pánico y alertaron sobre comerciantes que podrían aprovechar la incertidumbre para imponer precios excesivos
