La senadora Marcela Guerrero Vilca ha puesto en el centro del debate legislativo la urgente necesidad de concretar y precisar las fuentes de financiamiento para los municipios, una problemática que afecta directamente su funcionamiento básico. En un contexto donde numerosos municipios enfrentan serias dificultades financieras, algunos incluso carecen de recursos para cubrir gastos elementales como el salario de un portero, Guerrero advierte que la situación es crítica y requiere acciones inmediatas y claras por parte del Estado.
Ante esta realidad, un grupo de parlamentarios, liderados por Guerrero como presidenta de la Comisión de Autonomías del Senado, está impulsando la elaboración de un proyecto de ley orientado a dar cumplimiento efectivo al Pacto Fiscal establecido por ley. Esta iniciativa busca materializar el compromiso asumido por autoridades nacionales en relación a la distribución equitativa de recursos públicos con los gobiernos subnacionales, particularmente el denominado esquema 50-50. Este mecanismo propone que la asignación presupuestaria se divida en partes iguales entre el Estado central y las entidades territoriales autónomas, con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa y autonomía real.
Guerrero subraya que esta propuesta no es exclusiva de un solo partido político sino una demanda transversal que responde a una necesidad palpable: las competencias asignadas a municipios y gobernaciones han crecido sustancialmente conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado, pero no se ha acompañado dicha ampliación con recursos económicos adecuados. El Estado central concentra alrededor del 85% del presupuesto nacional, dejando a las entidades subnacionales con una participación insuficiente para cumplir con sus responsabilidades territoriales y sociales.
Este desbalance financiero tiene consecuencias directas en la gestión pública local. La falta de fondos limita severamente la capacidad de inversión en servicios básicos, infraestructura y proyectos comunitarios, además de dificultar incluso la operación diaria de las alcaldías. La senadora señala que muchas veces los escasos recursos disponibles están etiquetados para cumplir competencias nacionales delegadas a nivel local, lo que reduce aún más el margen para atender necesidades propias del municipio o departamento.
El proyecto pretende además instar al Consejo Nacional de Autonomías a presentar formalmente una propuesta concreta para implementar el esquema 50-50 en el próximo presupuesto general del Estado. La idea es establecer una ruta crítica clara que permita no solo asignar porcentajes equitativos sino también definir las fuentes específicas de financiamiento para garantizar su sostenibilidad. Según Guerrero, hasta ahora se ha hablado mucho sobre el reparto 50-50 pero sin aterrizar en cómo se financiará realmente esta distribución ni asegurar que los recursos disponibles sean suficientes o estables.
Además, la senadora plantea que esta nueva ley no busca derogar ni anular la Ley de Autonomías y Descentralización vigente, sino complementarla y clarificar aspectos clave relacionados con la transferencia económica. Su intención es promover un debate honesto y transparente sobre las posibilidades reales para consolidar una autonomía fortalecida mediante recursos adecuados. La experiencia previa demuestra que sin voluntad política ni mecanismos financieros claros, los avances en autonomía territorial quedan reducidos a un simple nombre sin impacto tangible.
En este contexto, se presenta una oportunidad crucial con la reciente elección de nuevas autoridades subnacionales para retomar e impulsar estas reformas normativas. La senadora Guerrero hace un llamado a sumar esfuerzos entre distintos actores políticos y territoriales para lograr consensos que permitan finalmente dotar a municipios y gobernaciones del respaldo económico necesario para cumplir sus funciones constitucionales. Este proceso cobra especial relevancia considerando que la descentralización efectiva es uno de los pilares para mejorar la gestión pública local y garantizar servicios más eficientes y cercanos a la población.
En definitiva, el proyecto legislativo liderado por Guerrero apunta a superar las limitaciones actuales mediante una definición precisa y operativa del Pacto Fiscal y su implementación práctica. Al precisar las fuentes y mecanismos financieros vinculados al reparto 50-50 se busca transformar una aspiración histórica en un hecho concreto que fortalezca la autonomía real y mejore las condiciones institucionales de los gobiernos subnacionales. De este modo se pretende avanzar hacia un modelo más justo y equilibrado donde los municipios cuenten con los recursos necesarios para responder efectivamente a sus responsabilidades y promover el desarrollo local integral
