El Gobierno ha promulgado el Decreto Supremo N.º 5503, que declara una Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social, implementando un conjunto integral de medidas orientadas a estabilizar y reactivar diversos sectores del país. Este decreto, que abarca 27 páginas y cuenta con cuatro anexos técnicos, introduce cambios significativos en áreas clave como política monetaria, fiscal, productiva, energética y social, buscando enfrentar de manera inmediata los desafíos económicos actuales.
En primer lugar, se establece formalmente la emergencia nacional, lo que permite al Ejecutivo aplicar disposiciones temporales con carácter prioritario y urgente. Esta medida facilita la agilización de procedimientos administrativos y concentra la gestión económica en el nivel central del Estado, con el fin de responder con mayor eficacia a la situación.
En el ámbito financiero, el Banco Central de Bolivia recibe nuevas facultades para utilizar instrumentos que antes estaban restringidos, tales como líneas de financiamiento externo, operaciones de intercambio de divisas (swaps), emisión de instrumentos financieros internacionales y la recepción de garantías del Tesoro. Estas herramientas buscan fortalecer las reservas internacionales, estabilizar la balanza de pagos y mantener la estabilidad del tipo de cambio.
Para incentivar la inversión, se crea un régimen especial que otorga estabilidad jurídica y tributaria por un periodo de hasta 15 años, protegiendo a los inversionistas nacionales y extranjeros frente a modificaciones normativas futuras. Además, se autorizan contratos de inversión con rango normativo aprobados mediante decreto supremo y se establecen mecanismos de solución de controversias a través de conciliación y arbitraje.
Con el propósito de acelerar el desarrollo de proyectos estratégicos en sectores como minería, hidrocarburos, energía, agroindustria, infraestructura y manufactura orientada a la exportación, se implementa un procedimiento acelerado con plazos máximos de 30 días para la aprobación. El silencio administrativo positivo se convierte en la norma, y el incumplimiento de estos plazos conlleva responsabilidades para los funcionarios involucrados.
Asimismo, se crea la Ventanilla Única de Inversiones Estratégicas, un organismo que centraliza la evaluación y aprobación de proyectos, con el objetivo de reducir la burocracia, evitar duplicidades y agilizar la toma de decisiones, coordinando acciones entre los ministerios de Economía, Planificación y Relaciones Exteriores.
En materia de capitales, se establece un régimen voluntario y temporal para la declaración y repatriación de fondos no registrados. Los recursos que permanezcan en el sistema financiero o se destinen a inversiones productivas gozarán de una tasa tributaria del 0%, mientras que aquellos que se retiren anticipadamente estarán sujetos a un impuesto del 5%. Quedan excluidos de este beneficio los capitales vinculados a actividades ilícitas como narcotráfico, terrorismo o corrupción con sentencia ejecutoriada.
Para reactivar la economía, se introducen incentivos tributarios que incluyen un beneficio adicional en el consumo de productos nacionales mediante la devolución del RC-IVA, la depreciación acelerada de activos productivos, deducciones ampliadas para profesionales independientes y el reconocimiento parcial de aportes patronales como pago a cuenta del IVA.
En el ámbito aduanero, se reduce a cero el gravamen arancelario para la importación de maquinaria, equipos e insumos industriales clave hasta el año 2026, con el fin de disminuir los costos productivos y fomentar la inversión privada.
Se implementa también un nuevo régimen para emprendedores, denominado Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores (SIETE-RG), que consiste en un monotributo del 5% sobre las ventas brutas, integrando el IVA, IT e IUE. Este sistema está dirigido a pequeños negocios y profesionales en proceso de transición hacia el régimen general, con límites establecidos en la facturación anual.
La autorización previa para importaciones, gestionada por el SENAVEX, queda eliminada para diversos productos, simplificando los trámites y sujetando las importaciones únicamente al régimen aduanero general y a las normas técnicas vigentes.
En el sector agropecuario, se suprime el requisito del Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo para exportar productos como maíz, sorgo, azúcar y carne. Aunque el abastecimiento interno será monitoreado, se elimina la fijación de precios y cuotas, devolviendo la libertad para la exportación.
En cuanto al crédito, se autoriza el diferimiento automático de pagos para préstamos destinados a vivienda de interés social y para micro y pequeñas unidades productivas, por un plazo de hasta seis meses. Además, se prohíbe la capitalización indebida de intereses y se protege la calificación crediticia de los beneficiarios.
La Administración Tributaria recibe facultades para prescribir de oficio intereses y sanciones de obligaciones tributarias anteriores a octubre de 2025, con el objetivo de sanear la cartera tributaria y reducir litigios, sin que esto implique la devolución de pagos ya realizados.
En el sector energético, se establece un régimen transitorio de precios para combustibles como gasolina, diésel y GLP durante seis meses, junto con una metodología para ajustes posteriores. Para el gas natural vehicular (GNV), se define un precio provisional y un nuevo esquema de cálculo.
De manera excepcional, el diésel se retira temporalmente de la lista de sustancias controladas por un año, eliminando así permisos previos y aranceles específicos para facilitar su importación y garantizar el abastecimiento en sectores clave como transporte, producción y agroindustria.
Finalmente, el decreto contempla un conjunto de medidas sociales compensatorias destinadas a mitigar el impacto de las reformas y apoyar a los sectores más vulnerables durante este periodo de emergencia
