A dos meses de la asunción de Rodrigo Paz a la Presidencia de Bolivia, el país enfrenta un panorama económico y político incierto. La persistente inflación, la escasez de combustibles, el aumento en los precios y la tensión social heredada de un 2025 particularmente complejo han definido el cierre del año. A esta situación se suman las estrictas medidas implementadas para asegurar el suministro de carburantes, la ruptura de la alianza gubernamental entre el presidente y el vicepresidente, así como el inicio del proceso electoral subnacional previsto para 2026.
Diversos actores políticos, analistas y comunicadores coinciden en que el presente año será crucial para definir el rumbo del país. Existe la posibilidad de consolidar un camino hacia la estabilidad y la implementación de reformas con respaldo popular, o bien, de retroceder hacia un ciclo de inestabilidad que podría afectar tanto las elecciones subnacionales como la gobernabilidad en general.
Carlos Manuel “Mamen” Saavedra, exconcejal y candidato a la alcaldía cruceña por VOS, observa un cambio positivo en el ánimo social. Después de un 2025 que calificó como uno de los más difíciles en décadas, señala que la población ya no desea repetir escenarios de crisis y comienza a percibir oportunidades de mejora. En su opinión, el desafío trasciende a los partidos políticos y requiere un esfuerzo conjunto entre autoridades, empresarios y ciudadanía para impulsar la estabilidad nacional.
Desde una perspectiva política, Orlando Peralta advierte que 2026 será un año de espera y evaluación. Según su análisis, aunque el Gobierno ha adoptado decisiones técnicamente fundamentadas, los resultados de estas medidas deberán evidenciarse en el corto y mediano plazo. De no ser así, el costo político podría ser considerable, especialmente en un contexto donde el vicepresidente se ha convertido en un actor de oposición interna, complicando aún más la gobernabilidad.
En la Asamblea Legislativa, Ricardo Rada, diputado por Santa Cruz del Partido Demócrata Cristiano (PDC), considera que el próximo año implicará una confrontación entre dos modelos: uno orientado a superar la crisis y otro asociado a prácticas prebendales del pasado. Para él, el respaldo ciudadano será fundamental para sostener las políticas del Ejecutivo y evitar retrocesos económicos y políticos.
Una postura más crítica es la del abogado y exfiscal Joadel Bravo, quien sostiene que Bolivia está cerrando un ciclo político de dos décadas. En su opinión, 2026 debe ser un año de profundización de cambios, incluso mediante decisiones drásticas como la reducción del gasto público y la resolución de conflictos pendientes con sectores como la Central Obrera Boliviana (COB), transportistas y mineros.
Desde la oposición, Róger Blanco, diputado de Libre, percibe un escenario electoral abierto. Reconoce el desgaste del Gobierno, pero advierte que el rechazo por sí solo no determinará el futuro político. Para él, la clave estará en quién pueda ofrecer estabilidad económica y una alternativa creíble a una ciudadanía que prioriza el empleo y el bienestar familiar por encima de las confrontaciones ideológicas.
Finalmente, el periodista Roberto Ergueta, de Radio Éxito en La Paz, destaca que el clima social continúa siendo delicado. Tras la promulgación del decreto 5503, las movilizaciones y los intentos de desestabilización han incrementado la presión sobre el Ejecutivo, que deberá privilegiar el diálogo y adoptar medidas orientadas a estabilizar la economía para evitar una escalada de conflictos durante 2026.
A pesar del ambiente de tensión, los conflictos sectoriales y las disputas políticas, en la población comienza a vislumbrarse un cambio en el ánimo con el cierre del año. La sensación predominante ya no es que “todo puede empeorar”, sino una expectativa cautelosa de que este año pueda representar un punto de inflexión en la realidad de los bolivianos
