A pocas semanas de las celebraciones de fin de año, el aumento en el costo de la carne genera preocupación entre los habitantes de Tarija, donde los precios en los mercados locales se mantienen elevados, situación que podría agravarse con la creciente demanda. En medio de esta problemática, surge la interrogante sobre quién realmente supervisa y regula el valor de este producto esencial.

Diversos actores involucrados en la cadena productiva y comercial, desde ganaderos hasta consumidores y autoridades, coinciden en que la fiscalización es insuficiente, mientras cada sector señala a otro como responsable del encarecimiento.

En el ámbito nacional, la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia ha declarado estado de emergencia y solicita un encuentro con el presidente para abordar la preocupación por el anuncio gubernamental de aumentar las exportaciones de carne, una medida que podría afectar el abastecimiento interno y provocar mayores incrementos en los precios.

Desde las organizaciones vecinales, se manifiesta un creciente malestar debido a que la carne se ha convertido en un producto inaccesible para gran parte de la población. Operativos realizados en los mercados revelan que, pese a la caída del dólar y la supuesta estabilidad en el suministro de ganado, los precios se mantienen elevados. Además, se critica la persistencia de la exportación mientras el mercado local enfrenta escasez, lo que ha provocado el cierre de varias carnicerías. Se plantean acciones conjuntas con otras instancias para abordar las distorsiones en el mercado, especialmente en las regiones proveedoras de ganado.

Uno de los factores señalados es la presencia de múltiples intermediarios en la cadena de comercialización, lo que encarece el producto final. Se propone eliminar eslabones para lograr precios más accesibles para el consumidor.

Los costos actuales son motivo de preocupación: la carne para puchero oscila entre 32 y 34 bolivianos el kilo, la carne molida alcanza los 55 bolivianos, mientras que cortes más blandos pueden llegar a costar entre 70 y 80 bolivianos. Por su parte, el pollo se encuentra alrededor de 28 bolivianos en ciertos mercados. Estas cifras han llevado a las organizaciones vecinales a solicitar la intervención de autoridades nacionales y de la Defensoría del Pueblo, advirtiendo que la situación pone en riesgo la seguridad alimentaria y la salud pública.

En contraste, representantes de los ganaderos aseguran que el abastecimiento está garantizado y que el precio del kilo vivo ha disminuido entre 3 y 5 bolivianos en las últimas semanas, gracias a un flujo constante de animales procedentes de zonas cercanas y a la regularización del suministro de combustible. Proponen establecer una relación directa entre productores y carniceros para reducir intermediarios y transparentar los costos, aunque reconocen que esta iniciativa no ha avanzado debido a la falta de interés de algunos comerciantes.

Desde el Matadero Municipal se confirma que la faena diaria varía entre 45 y 55 cabezas, cifra que se duplica en esta temporada alta, asegurando con ello la disponibilidad de carne de res y cerdo para el resto del año. No obstante, parte de esta producción se destina a otros departamentos, lo que puede limitar la oferta en ciertos momentos.

Por su parte, las autoridades municipales responsables de la regulación sanitaria aclaran que su competencia se limita a garantizar la inocuidad de los alimentos, mientras que los precios quedan sujetos a las leyes de oferta y demanda, sin facultad para intervenir en su control.

La Oficina de Defensa del Consumidor coincide en que los intermediarios son un factor clave en el aumento de precios y recomienda a la población registrar sus denuncias para que se puedan tomar medidas al respecto.

Finalmente, los carniceros exigen explicaciones al Gobierno sobre la política de exportación de carne, ya que consideran que la reducción en la entrega de ganado para faena, motivada por la expectativa de mejores precios en el mercado exterior, ha contribuido a la escasez y al alza del costo en el mercado interno. Solicitan información oficial que respalde la existencia de una producción excedente que justifique la exportación sin afectar la demanda local, recordando que el precio final se ajusta según el mercado, pero que ellos solo trasladan los costos que reciben