Un reciente estudio de opinión llevado a cabo por Ipsos CiesMori para UNITEL ha puesto en evidencia las variadas percepciones que tienen los ciudadanos respecto a la explicación oficial del Gobierno acerca de los problemas de calidad del combustible. Según la versión gubernamental, estos inconvenientes son resultado de un “sabotaje” con la intención de generar inestabilidad en el país. Sin embargo, el análisis revela un panorama dividido sobre la credibilidad de esta afirmación, reflejando una significativa desconfianza entre la población.
El estudio se centró en cuatro ciudades clave: La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, donde se consultó a hombres y mujeres mayores de 18 años mediante encuestas online autoadministradas. La metodología incluyó conexiones fijas de internet, redes sociales y conexiones móviles, abarcando un universo representativo con un margen de error referencial del 4.90%. Este enfoque permitió captar una diversidad amplia de opiniones urbanas sobre un tema que afecta directamente la vida cotidiana y la economía doméstica.
A nivel nacional, los resultados muestran que solo un poco más de una cuarta parte de los encuestados —un 27%— consideran “totalmente creíble” la versión oficial que atribuye los problemas del combustible a un sabotaje. En contraste, una mayoría significativa se muestra escéptica: el 44% califica esta explicación como “poco creíble” y otro 21% la rechaza categóricamente calificándola como “nada creíble”. Un sector menor, equivalente al 8%, prefirió no pronunciarse al respecto, lo que también indica cierto grado de incertidumbre o falta de información clara entre la población.
Al desglosar estas percepciones por ciudades, surgen diferencias notables que reflejan las particularidades regionales y posiblemente las experiencias locales con el suministro y la calidad del combustible. En Cochabamba, por ejemplo, es donde menos aceptación tiene la versión oficial: más de la mitad (56%) considera que el argumento del sabotaje es poco creíble. Solo un 19% está plenamente convencido por esta explicación gubernamental y un 11% manifiesta un rechazo total a ella. Este alto nivel de escepticismo puede estar vinculado a experiencias particulares en esa región o a una mayor crítica hacia las declaraciones oficiales.
Por otro lado, Santa Cruz se presenta como el escenario donde mayor aceptación tiene esta versión. Allí, el 30% cree totalmente en el sabotaje como causa principal del problema en el combustible. No obstante, incluso en esta ciudad con mayor confianza todavía predomina una percepción moderadamente escéptica: el 42% considera que es “poco creíble” y un 20% directamente no le da validez alguna. Esto sugiere que aunque existe cierto respaldo a la explicación oficial en Santa Cruz, sigue habiendo dudas importantes entre sus habitantes.
En La Paz y El Alto las opiniones son bastante similares entre sí y reflejan una distribución equilibrada pero mayormente crítica hacia la versión gubernamental. En La Paz, solo el 27% cree completamente en el sabotaje; mientras que un 41% lo ve con poca credibilidad y un considerable 26% no le concede ninguna credibilidad. En El Alto ocurre algo semejante: también un 27% apoya firmemente esta explicación; sin embargo, el 44% la considera poco creíble y otro 25% la rechaza totalmente.
Este panorama general pone en evidencia que la afirmación del Gobierno sobre un sabotaje intencional para desestabilizar genera dudas significativas entre los ciudadanos más allá de las diferencias regionales. La dispersión en las respuestas sugiere que muchos sectores demandan mayores pruebas o explicaciones más contundentes para aceptar esta versión como verdadera. Al mismo tiempo, refleja una ciudadanía atenta a los problemas relacionados con el combustible —un insumo crítico para el transporte y diversas actividades económicas— cuya calidad impacta directamente en su vida cotidiana.
El contexto político y social también puede influir en estas percepciones. Acusar un sabotaje implica responsabilizar a actores externos o internos con intenciones subversivas o desestabilizadoras; sin embargo, cuando gran parte del público duda o rechaza esta idea, puede interpretarse como una señal de desconfianza hacia las autoridades o hacia cómo se manejan ciertos asuntos sensibles que afectan al país.
En conclusión, aunque existe una fracción importante de personas que apoyan plenamente la versión oficial del Gobierno sobre problemas en el combustible atribuibles a sabotajes deliberados, prevalece una mayoría escéptica o crítica frente a este argumento. Este dato es relevante para quienes están al mando porque indica que comunicar eficazmente sobre temas tan sensibles requiere no solo declaraciones sino también evidencias claras y transparencia para fortalecer la confianza social. Además, conocer estas percepciones ayuda a entender mejor cómo se reciben ciertos mensajes políticos en diferentes regiones urbanas del país y qué desafíos enfrentan las autoridades para lograr cohesión social ante crisis relacionadas con servicios básicos esenciales como el suministro de combustible
