El contrabando de combustibles en Bolivia vuelve a ser un tema crítico tras la confirmación de que cerca del 30% de los carburantes subvencionados se desvía hacia el mercado ilegal, según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Esta fuga representa una pérdida estimada en 2.687 millones de dólares en los últimos tres años, afectando significativamente las finanzas públicas en un contexto económico complejo.
El Gobierno ha reconocido deficiencias estructurales en los mecanismos de control, anunciando una revisión exhaustiva del Sistema Integrado de Seguridad de Abastecimiento (B-SISA) y otros procedimientos. Sin embargo, desde sectores locales surgen cuestionamientos sobre la gestión institucional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), señalando la falta de modernización y la permanencia de prácticas internas que favorecen el contrabando.
Un análisis realizado por un asambleísta departamental, basado en cifras del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2022, 2023 y 2024, revela que Bolivia destinó aproximadamente 8.900 millones de dólares a la subvención de combustibles durante ese período. Con un 30% de ese total desviado hacia actividades ilícitas, las pérdidas alcanzan niveles alarmantes, comparables a casi un año completo de importación de carburantes.
El contrabando involucra diversos sectores, entre ellos el narcotráfico, que utiliza combustibles para la producción y transporte de drogas; la minería ilegal, que demanda grandes cantidades de diésel para maquinaria pesada; el contrabando fronterizo hacia países vecinos; y el uso de vehículos ilegales conocidos como “autos chutos”, que se abastecen con combustibles subvencionados.
Además, se señala que la problemática tiene raíces profundas en la estructura institucional de YPFB, la cual, según expertos, ha estado influenciada por intereses políticos y sindicales durante dos décadas. Esta situación recuerda la crisis que enfrentó la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) hace cuarenta años, caracterizada por una plantilla inflada y gastos superiores a los ingresos.
Un dato preocupante es que, en 2023, cerca de 60 trabajadores de YPFB estaban asignados en comisión, generando un gasto mensual aproximado de un millón de bolivianos sin un retorno productivo claro. Sumado a esto, la empresa estatal enfrenta dificultades para sostener la subvención y ha sido objeto de investigaciones por casos de corrupción.
A nivel nacional, las autoridades han admitido la existencia de irregularidades en el control del combustible, atribuidas a gestiones anteriores. La directora de la ANH confirmó indicios claros de desvíos sistemáticos hacia países limítrofes y señaló que se está llevando a cabo una revisión integral del B-SISA. También se sospecha la participación de personal interno en las redes de contrabando, lo que complica aún más la situación.
El ministro de Desarrollo Productivo reconoció que la corrupción y el desvío de combustibles continúan presentes en las áreas responsables de la distribución. Destacó que las tarjetas utilizadas para la carga de combustible, que en ocasiones se vendían por valores elevados, han facilitado prácticas corruptas al permitir eludir los controles oficiales.
Un caso reciente que ilustra esta problemática fue el hallazgo de un campamento minero presuntamente ilegal en el norte de La Paz, donde se encontraron grandes cantidades de combustible almacenado de manera irregular.
El analista económico Fernando Romero subrayó que la subvención a los carburantes representa entre el 4% y el 8% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a unos 3.200 millones de dólares anuales. Señaló que durante más de 30 años Bolivia ha mantenido precios congelados para el diésel y la gasolina, y enfatizó la necesidad de que las autoridades tomen medidas firmes para frenar el contrabando y el desvío hacia actividades ilegales como la minería clandestina, el narcotráfico y el uso de vehículos irregulares.
Romero indicó que al controlar estas pérdidas, se reduciría la necesidad de importaciones adicionales, disminuirían los gastos en subsidios y sería posible mantener la subvención de manera temporal, aunque en algún momento deberá ser revisada para garantizar la sostenibilidad económica. Mientras no se implementen acciones efectivas contra el contrabando, los esfuerzos para regularizar el suministro y proteger las finanzas públicas seguirán enfrentando serias limitaciones
