El caso de corrupción que involucra a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas S.A.) ha suscitado una investigación judicial que ha alcanzado a la representante legal de una empresa comercial peruana y a tres exinterventores de la entidad estatal. La denuncia se centra en la compra irregular de 3.024 tuberías chinas, adquiridas con sobreprecio y en condiciones inapropiadas para el uso previsto, lo que ha generado un significativo perjuicio económico y afectaciones directas al abastecimiento de agua potable en la zona Sur de la ciudad de La Paz.
La Fiscalía coordinadora especializada en delitos de corrupción, liderada por David Torrez, confirmó que la investigación se amplió para incluir a Ana Rosa Pimentel, representante legal de la empresa peruana Sociedad Comercial La Llave S.A., así como a los exinterventores Bladimir Iraízos, Jaime Gutiérrez y Alfredo Ayala. Estos últimos ocuparon sus cargos entre 2021 y 2024 como representantes privados dentro del esquema interventor impuesto por el Gobierno desde 2013. Aunque el personal de Epsas está regido por la Ley General del Trabajo, el nombramiento del máximo responsable depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ahora fusionado con el Ministerio de Desarrollo, lo cual plantea un contexto institucional complejo en torno a las responsabilidades administrativas.
El proceso judicial se fundamenta en denuncias por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, delitos que han sido objeto de controversia debido a las objeciones presentadas por la defensa legal, especialmente respecto al alcance personal y funcional de los exinterventores. El daño económico estimado asciende a 14,3 millones de bolivianos, monto del cual ya se canceló un 70%, aunque el material adquirido permanece abandonado en las instalaciones de Epsas. Este hecho evidencia no solo un mal manejo presupuestario sino también una afectación concreta en la gestión del servicio básico más esencial para miles de habitantes.
La gravedad del caso llevó a que una orden de aprehensión contra Bladimir Iraízos fuera ejecutada tras reiteradas inasistencias a citaciones fiscales. Posteriormente, un juez anticorrupción dictó su detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro mientras continúan las pesquisas. En tanto, sobre sus colegas Gutiérrez y Ayala aún no hay confirmación pública sobre si han rendido declaración informativa; sin embargo, se sabe que las diligencias incluyen testimonios adicionales de empleados de Epsas, inspecciones físicas a oficinas y peritajes tecnológicos relacionados con dispositivos corporativos usados durante su gestión.
La empresa Sociedad Comercial La Llave S.A., con sede en Santa Cruz pero matriz peruana, firmó el contrato para la provisión del lote cuestionado en junio del 2022. El acuerdo contemplaba tuberías de acero con un diámetro significativo (76 centímetros), destinadas a sustituir parte del sistema hidráulico dañado ubicado en las zonas Valle de las Flores y Callapa. Estas áreas resultaron afectadas por un megadeslizamiento ocurrido en 2011 que devastó cientos de viviendas y dejó miles de damnificados; además provocó daños severos al sistema actual que abastece agua potable a más de 300.000 habitantes.
Un requisito fundamental establecido en el contrato era que estas tuberías contaran con un revestimiento interno especial apto para transportar agua potable sin comprometer su calidad ni seguridad sanitaria. Sin embargo, esta condición no fue cumplida según los informes oficiales derivados del proceso investigativo. Las tuberías provisionales instaladas tras el desastre natural eran propiedad estatal (YPFB) y ya debían ser reemplazadas desde 2013 para garantizar un servicio eficiente.
El origen irregular del contrato también fue señalado por expertos y consultores en gestión hídrica como José María Herbas, quien ha denunciado reiteradamente prácticas corruptas dentro de Epsas durante años. Según su análisis, durante todo el periodo bajo intervención estatal la empresa operó bajo influencias políticas vinculadas al Movimiento al Socialismo (MAS) y organizaciones sociales como la Central Obrera Regional o la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, cuyos afiliados habrían sido incorporados irregularmente al personal administrativo.
Herbas detalló además que el proceso licitatorio para la compra fue anulado dos veces antes de adjudicar directamente el contrato a La Llave S.A., incrementando arbitrariamente el precio inicial presupuestado desde 10 millones hasta más de 14 millones bolivianos sin justificación clara ni controles rigurosos. En este contexto, los exinterventores Gutiérrez y Ayala habrían tenido conocimiento explícito sobre la falta del revestimiento interno requerido pero autorizaron pagos e hicieron caso omiso ante irregularidades administrativas, facilitando así el avance fraudulento del contrato.
Por otro lado, La Llave S.A. ha presentado una demanda civil contra Epsas buscando exigir el pago total acordado según contrato vigente desde junio del 2022; argumento basado en la supuesta aceptación tácita o falta total observación formal al momento del recepcionamiento del material entre junio y julio del año pasado.
La denuncia penal original fue presentada por Pedro Flores, interventor anterior vinculado también con dirigentes sociales afines al MAS; sin embargo aún no se conoce públicamente si las acciones legales incluirán ampliaciones o nuevos cargos conforme avance la investigación bajo mandato judicial actual. Los expertos sugieren que esta situación amerita explorar sospechas adicionales como legitimación ilícita o medidas precautorias sobre bienes vinculados para resguardar intereses estatales frente al daño ocasionado.
En suma, este caso refleja una problemática estructural donde intereses políticos interfieren gravemente con servicios públicos esenciales como el suministro seguro y continuo del agua potable para sectores vulnerables urbanos. Las consecuencias directas impactan no solo las finanzas públicas sino también la calidad vida cotidiana para cientos miles usuarios afectados por deficiencias técnicas derivadas precisamente del manejo negligente e irregular detectado en esta compra cuestionada. Las investigaciones judiciales continúan abiertas mientras se espera que nuevas medidas contribuyan a esclarecer responsabilidades e impedir futuras conductas similares dentro del sector público boliviano dedicado al saneamiento básico urbano
