La administración departamental ha manifestado nuevamente su incapacidad financiera para afrontar ciertas demandas, entre ellas, la equiparación salarial del personal de salud con los niveles remunerativos del Ministerio de Salud. Ante esta situación, el Ejecutivo ha dirigido una comunicación formal a cada uno de los miembros de la Asamblea departamental, instándoles a revisar y adecuar la legislación vigente a la actual realidad económica, marcada por una significativa disminución de ingresos.

La solicitud del gobierno departamental se centra en la necesidad de modificar un conjunto de aproximadamente noventa leyes que fueron promulgadas durante un periodo de bonanza económica, impulsado por la exportación de gas. Un aspecto crucial de esta petición se relaciona con la normativa que exige igualar los salarios de los funcionarios de salud con ítems departamentales a los montos percibidos por sus pares en el ámbito nacional, los cuales son considerablemente más elevados.

Los trabajadores de salud con ítems de la gobernación han obtenido un fallo legal favorable que exige el cumplimiento de esta equiparación salarial. Sin embargo, la administración departamental argumenta que carece de los recursos económicos necesarios para acatar dicha disposición, proponiendo en su lugar una adaptación legislativa a la coyuntura financiera actual.

Representantes de la Asamblea han confirmado la recepción de esta comunicación, señalando que el pleno de los legisladores deberá analizar la situación y determinar las acciones a seguir. Se ha reconocido la urgencia de ajustar el marco legal a la realidad económica que atraviesa el departamento.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano, se ha subrayado la imperiosa necesidad de adecuar la normativa a la disponibilidad de recursos existente, describiendo la situación como de extrema complejidad. Se ha recordado que la gobernación, que en su momento gestionaba 629 ítems, ha tenido que reducir algunos, y se considera fundamental que el gobierno central asuma la responsabilidad de estos cargos.

Además, se ha mencionado la demanda por el pago del bono vacuna, una obligación impuesta por disposiciones nacionales, cuya falta de cumplimiento podría derivar en la retención de fondos departamentales. La escasez de recursos económicos es un desafío persistente que demanda soluciones estructurales y urgentes, especialmente en el sector de la salud. Esta problemática no es exclusiva de este departamento, sino que se extiende a otras jurisdicciones, reflejando una transferencia de competencias sin la correspondiente asignación de fondos