La gobernación enfrenta una grave crisis financiera tras la pérdida de 6,2 millones de bolivianos provenientes de regalías, vinculada a un proyecto de riego que, según se ha constatado, nunca se llevó a cabo. Esta situación fue confirmada por el gobernador Oscar Montes Barzón, quien explicó que el proyecto en cuestión corresponde a una gestión anterior de la subgobernación de la provincia O’Connor y que la obra simplemente no existe.

El gobernador señaló que la obra fue contratada durante la administración del ex subgobernador Walter Ferrufino Gaite, y que la falta de un cierre adecuado del contrato permitió que la empresa demandara el pago de planillas pendientes, incluyendo intereses y multas otorgadas por la justicia. A pesar de la disposición del empresario para recibir los pagos, la gobernación se vio obligada a desembolsar los fondos, lo que agrava aún más su delicada situación económica.

Montes lamentó la ausencia de entidades estatales responsables de la defensa legal del Estado, como la Procuraduría, que no intervinieron en este caso para evitar la pérdida de recursos públicos. Esta situación coincide con una nueva amenaza financiera, ya que el Ministerio de Salud ha notificado a la gobernación sobre un débito de 8 millones de bolivianos, destinado al pago de bonos de vacunación para los trabajadores del sector salud.

El gobernador aclaró que los únicos fondos disponibles en la gobernación corresponden al Sistema Único de Salud (SUS) del Servicio Departamental de Salud (Sedes), así como a recursos propios del Banco de Sangre y del hospital San Juan de Dios. Advirtió que, de concretarse el débito, se estaría afectando directamente al sector salud, cuyos empleados dependen del Ministerio de Salud y no de la gobernación, lo que limita cualquier posibilidad de reposición de esos recursos.

Además, Montes criticó la vigencia abusiva de un artículo de la Ley Financial, que desde 2005 fue derogada y que sin embargo continúa siendo aplicado para justificar estos débitos. También mencionó una sentencia judicial del departamento de Beni que establece que la responsabilidad del pago de estos bonos recae en el gobierno central y no en las gobernaciones.

Por otro lado, en relación con la detención de la ex Canciller Lidia Patti, el gobernador expresó que el gobierno debe evitar caer en prácticas de persecución política similares a las que se han criticado en el pasado. Señaló que, si existen razones fundadas para la aprehensión, esta debe proceder conforme a la justicia, pero advirtió que no se debe incurrir en persecuciones arbitrarias contra opositores políticos