La Fiscalía ha reactivado el proceso penal relacionado con el presunto enriquecimiento ilícito en el que está involucrado Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, al citar nuevamente a declarar a su pareja. Esta nueva convocatoria se programó para el 11 de marzo y la mujer deberá comparecer en calidad de testigo, según informó el fiscal encargado del caso, Miguel Cardozo.
El motivo de esta citación responde a una reciente aclaración sobre la ubicación de la testigo. Inicialmente, ella había presentado un memorial en el que indicaba que no se encontraba en el país, lo que había generado una pausa temporal en las diligencias. Sin embargo, un informe oficial emitido por la Dirección General de Migración confirmó que permanece dentro del territorio nacional. En consecuencia, la Fiscalía solicitó a la instancia correspondiente en Santa Cruz una notificación formal para asegurar su presentación ante las autoridades judiciales.
El proceso judicial se centra en una investigación que busca esclarecer la adquisición sospechosa de bienes de alto valor asociados a Rafael Arce Mosqueira y su entorno cercano. Entre los activos bajo análisis se encuentran un departamento tipo penthouse, varios vehículos y bauleras cuyo valor conjunto asciende a aproximadamente 755 mil dólares estadounidenses. Además, se investigan siete inmuebles localizados en Santa Cruz de la Sierra, lo que indica un volumen considerable de patrimonio cuyo origen financiero está siendo cuestionado por las autoridades.
Paralelamente a la citación de la pareja, se ha convocado a otros testigos que habrían realizado depósitos millonarios en cuentas vinculadas directamente a Arce Mosqueira. Esta línea investigativa apunta a identificar posibles movimientos financieros irregulares y determinar si existió algún tipo de mecanismo para ocultar o justificar incrementos patrimoniales no explicados legalmente.
Cabe destacar que este caso cuenta con antecedentes significativos. Rafael Arce Mosqueira fue declarado en rebeldía por no haberse presentado a una audiencia cautelar establecida dentro del proceso judicial. Este incumplimiento motivó que se activara un sello rojo de Interpol para su búsqueda internacional y llevó a la emisión de una orden formal de aprehensión en su contra. Estas medidas reflejan la gravedad con la que la justicia está tratando este caso y subrayan las dificultades para avanzar con las investigaciones debido a la falta de colaboración del principal implicado.
La Fiscalía ha enfatizado que las diligencias continuarán desarrollándose mediante un exhaustivo análisis patrimonial y financiero. Además, anticipa nuevas citaciones tanto para testigos como para personas relacionadas con el caso, con el objetivo de profundizar el esclarecimiento sobre el origen real de los recursos involucrados y determinar responsabilidades penales conforme avance la indagatoria.
Este proceso tiene una gran relevancia para la sociedad debido a que involucra presuntas irregularidades cometidas por familiares directos de figuras políticas prominentes, lo cual genera expectativas sobre transparencia y justicia en casos vinculados al manejo indebido de recursos públicos o privados. La continuidad del procedimiento judicial será observada atentamente tanto por sectores sociales como por actores políticos interesados en garantizar un tratamiento adecuado ante acusaciones serias como las planteadas
