La Fiscalía Departamental de La Paz decidió archivar la denuncia por terrorismo contra el exministro Juan Ramón Quintana, iniciada en octubre de 2024 tras su presunta vinculación con la violencia durante los bloqueos que se registraron en el país para exigir la habilitación de Evo Morales como candidato a la reelección presidencial. Esta resolución fue emitida en septiembre de 2025 por la administración anterior del Ministerio Público.
El fiscal Omar Condori, encargado del caso, confirmó que también dictó un sobreseimiento para los dirigentes Ramiro Cucho, Ponciano Santos Colque y Humberto Claros, quienes estuvieron involucrados en los mismos hechos y fueron investigados por el mismo delito. Sin embargo, estos líderes serán juzgados por instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, delitos relacionados con los ataques contra la Policía y otros ciudadanos durante las protestas.
Respecto a Humberto Claros, quien se encuentra con detención domiciliaria y derecho a salida laboral, manifestó que aún no ha sido notificado oficialmente y que se pronunciará tras consultar con su defensa.
Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron tras un fallido operativo policial para capturar a Evo Morales en octubre de 2024, cuando simpatizantes del exmandatario tomaron cuarteles, sometieron a oficiales y soldados, y se apoderaron de armas y vehículos policiales, algunos de los cuales fueron incendiados.
En el documento oficial fechado el 25 de noviembre de 2025, se señala que durante 24 días de bloqueo en la carretera a Parotani, los dirigentes mencionados, en su rol de líderes sociales, causaron un daño económico significativo, pero no se encontraron pruebas suficientes para tipificar sus acciones como terrorismo. En cambio, se les atribuyen los delitos de instigación pública a delinquir y asociación delictuosa.
El fiscal Condori explicó que las resoluciones, tanto la de rechazo contra Quintana como la de sobreseimiento y acusación para los dirigentes, respondieron a solicitudes del Juzgado Anticorrupción N° 8, debido al vencimiento de los plazos legales para concluir la investigación.
Se espera que la Fiscalía brinde una conferencia de prensa para aclarar la situación de Quintana, quien podría enfrentar un nuevo proceso, ya que el rechazo inicial se basó en un tecnicismo jurídico: no haber sido notificado formalmente al inicio de la investigación ni contar con su declaración.
Los acusados, entre ellos exdirigentes de organizaciones campesinas y originarias, fueron vinculados a 97 indicios recopilados por la Fiscalía, que incluyen informes de la Unidad de Cibercrimen sobre declaraciones que habrían fomentado la violencia durante las protestas. La demanda principal de los bloqueos era la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial, a pesar de fallos judiciales que declaraban inconstitucional dicha aspiración.
Un informe del Ministerio de Economía indicó que las protestas de 2024, que sumaron alrededor de 40 días de bloqueos en distintas etapas del año, ocasionaron pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares.
Por otro lado, tras los conflictos derivados del fraude electoral de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó eliminar del Código Penal boliviano los delitos de sedición, financiamiento al terrorismo y terrorismo, debido a que su redacción no se ajustaba a estándares internacionales. Aunque el expresidente Luis Arce presentó un proyecto de ley para tal efecto, este no prosperó. No obstante, en 2022, el Tribunal Constitucional eliminó el delito de sedición.
Finalmente, no se registran apelaciones presentadas por las entidades gubernamentales que inicialmente denunciaron los hechos, incluyendo los ministerios de Gobierno, Presidencia y Defensa, así como la Procuraduría General del Estado
