El Ministerio Público solicitó la detención preventiva por tres meses del expresidente y exministro de Economía Luis Arce Catacora en el penal de Qhalauma, ubicado en Viacha, en el marco de una imputación formal vinculada al caso del Fondo Indígena. Las acusaciones incluyen presunta malversación de fondos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en uno de los mayores escándalos de corrupción relacionados con el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
Durante la audiencia ante un juez anticorrupción, la Fiscalía fundamentó su pedido señalando riesgos de fuga y posibles obstrucciones a la investigación, además de presentar indicios suficientes que vinculan al exmandatario con decisiones que habrían facilitado el desvío irregular de recursos públicos. La fecha para la audiencia cautelar se definirá en las próximas horas.
Tras su detención, Arce permaneció bajo custodia en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde fue visitado por familiares, su esposa, representantes de la Defensoría del Pueblo y técnicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
El documento de imputación detalla que, en su calidad de miembro del Directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc), Arce habría sugerido, promovido y autorizado la transferencia irregular de fondos públicos a cuentas particulares, contraviniendo la normativa que regula el fondo. Además, el expresidente optó por acogerse a su derecho al silencio durante la declaración informativa.
La Fiscalía sostiene que Arce aprobó proyectos con documentación incompleta, avaló transferencias fuera de norma y permitió la ejecución de iniciativas pese a observaciones técnicas.
Un elemento clave en la acusación es el proyecto presentado por la entonces dirigente campesina Lidia Patty Mullisaca, quien en 2010 recibió un desembolso de Bs 669.876 para la construcción de invernaderos en la provincia Bautista Saavedra. Según la investigación, dicho proyecto fue aprobado con irregularidades, incluyendo listados dudosos de beneficiarios y falta de documentación adecuada, y los fondos fueron depositados directamente en la cuenta personal de Patty, actualmente detenida en el penal de Obrajes.
Además, el expediente señala que en una sesión del directorio realizada en Tarija en noviembre de 2009, Arce expresó que los proyectos no contemplados en la Ley Financial podrían ejecutarse posteriormente, lo que habría facilitado, según la Fiscalía, la desviación de recursos.
El Ministerio Público anunció que solicitará la declaración de 24 personas vinculadas al caso, entre ellas exfuncionarias y exautoridades del Gobierno del MAS, como Nemesia Achacollo y Felipa Huanca.
El pedido de prisión preventiva por tres meses responde a la necesidad de realizar diversas diligencias investigativas, tales como inspecciones técnicas oculares, registros del lugar de los hechos y la toma de declaraciones a otros implicados, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar la verdad histórica del caso.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que el daño económico derivado de este caso supera los Bs 360 millones, aunque estimaciones preliminares en casos relacionados elevan la cifra a más de 700 millones de dólares. Oviedo destacó que la aprehensión de Arce responde a una directriz presidencial para intensificar la lucha contra la corrupción y esclarecer el manejo del Fondo Indígena durante la administración del MAS.
Este caso, inicialmente revelado por el fallecido exdirector Marco Antonio Aramayo, vuelve a ocupar un lugar central en el debate público, ahora con un expresidente enfrentando cargos en relación con uno de los mayores escándalos de corrupción en el país
