La Fiscalía departamental ha notificado formalmente a la directiva de la Asamblea Legislativa respecto a una denuncia presentada por la provincia del Gran Chaco, relacionada con la aprobación de la Ley que establece un 45% de regalías. Esta acción judicial se fundamenta en la presunción de ilegalidad de dicha normativa.
El presidente de la Asamblea, Damián Castillo Villarrubia, fue el primero en presentarse en la Estación Policial Integral (EPI) para confirmar la recepción de la notificación por parte del Ministerio Público. Castillo Villarrubia señaló que toda la directiva, incluyendo al vicepresidente Walter Aguilera Valdez, la secretaria Marina Hoyos Ramos y el vocal José Yucra Paredes, ha sido convocada a declarar en el marco de este proceso legal. Aclaró que la demanda está dirigida contra los cuatro miembros de la directiva y enfatizó que, desde su perspectiva, la Asamblea actuó conforme a las facultades legales que le corresponden.
El presidente legislativo lamentó las amenazas y advertencias que, según indicó, provienen del secretario de Gestión Institucional del gobierno del Gran Chaco, Miguel Ángel Salazar, cada vez que visitan la ciudad. En este sentido, aseguró que la Asamblea se defenderá en el ámbito legal, destacando además la presunción de constitucionalidad que debe regir para cualquier ley en trámite.
Por su parte, el asambleísta por Bermejo, Tito Gareca Gaspar, sostuvo que la Fiscalía no debería haber admitido la denuncia, ya que la Ley del 45% aún no ha sido promulgada ni publicada en la Gaceta Oficial, permaneciendo en etapa de debate tras haber sido observada por el gobernador Oscar Montes. En su opinión, las objeciones planteadas carecen de fundamento y el proceso legislativo sigue su curso.
Gareca Gaspar también comentó que las observaciones del gobernador podrían resultar contraproducentes, ya que la nueva normativa beneficiaría económicamente a las provincias productoras al asignarles un 45% de las regalías generadas por su producción. Consideró que esta ley busca corregir una situación injusta, donde actualmente la provincia del Gran Chaco recibe una proporción significativa de las regalías departamentales, mientras que las provincias productoras no obtienen una parte equitativa de esos recursos.
En resumen, la controversia gira en torno a la legalidad y la distribución justa de las regalías, con la Asamblea defendiendo la validez de la norma y la provincia del Gran Chaco cuestionándola a través de acciones legales. El proceso continúa abierto, con un debate vigente sobre la aplicación y alcance de la Ley del 45%
