La Fiscalía de Sustancias Controladas ha iniciado un proceso penal formal por narcotráfico contra Gabriel Giuliano Leoni, un ciudadano identificado inicialmente como uruguayo, quien llegó al país desde Estados Unidos transportando un cargamento inusual: 32 maletas repletas de divisas que, tras su arribo, desaparecieron bajo circunstancias aún no esclarecidas. Este caso ha generado gran conmoción debido a la complejidad y el misterio que rodean tanto a la carga como al paradero del imputado.
El fiscal encargado del caso ha solicitado a la justicia que se fije una fecha para la audiencia correspondiente y ha pedido la aplicación de una detención preventiva por 180 días para Leoni. Esta solicitud se fundamenta en la ausencia del imputado, cuyo paradero es desconocido, lo que complica el avance de las investigaciones y el proceso judicial. La importancia de la audiencia radica en que, si el acusado no comparece, se deberá declararlo rebelde ante la ley, lo que activaría un protocolo internacional de búsqueda mediante un sello rojo emitido por Interpol, extendiendo su localización y captura a más de 180 países.
La causa fue presentada ante el juzgado anticorrupción y violencia bajo la tutela de la jueza Vivian Balcázar, quien ya ha programado la audiencia para el 18 de este mes. Esto marca un paso crucial en el proceso legal y pone de manifiesto la seriedad con que las autoridades están tratando este caso.
El origen de la investigación se remonta a una alerta internacional emitida por Estados Unidos. Según los informes oficiales, un avión privado contratado desde ese país transportó a Santa Cruz a Gabriel Giuliano Leoni junto con la exparlamentaria Laura Rojas y dos familiares suyos. En total, llevaban 32 maletas llenas de divisas. El arribo del avión se registró el 29 de diciembre en el aeropuerto Viru Viru, donde cámaras de seguridad captaron cómo los pasajeros descendían con las maletas, las cuales fueron trasladadas a un depósito aduanero.
Un elemento que llamó especialmente la atención fue que Laura Rojas retiró las maletas del depósito presentando su pasaporte diplomático, lo cual le permitió evitar los procedimientos regulares de inspección aduanera. Posteriormente, estas valijas fueron llevadas en vehículo particular escoltadas por varios jóvenes en motocicletas hasta galpones pertenecientes a la Empresa Boliviana de Seguridad (Ebose), ubicados en una zona estratégica dentro del octavo anillo en Villa Primero de Mayo.
La investigación dio un giro significativo cuando el 20 de enero pasado se ejecutó un allanamiento autorizado por un juez cautelar. En esta diligencia conjunta entre Fiscalía y Policía se encontró una cantidad considerable de marihuana en estado líquido dentro del galpón allanado, además de documentos personales vinculados tanto al juez Hebert Zeballos como a Laura Rojas. Este hallazgo provocó detenciones inmediatas, incluyendo al juez Zeballos y otros funcionarios judiciales involucrados.
Un aspecto relevante es que varios funcionarios judiciales aparecen como socios capitalistas en documentos constitutivos relacionados con la empresa donde se almacenaban las maletas. Como resultado, varios implicados fueron enviados a prisión preventiva en Palmasola, incluyendo al juez Zeballos, Rojas y tres exfuncionarios judiciales. Esto revela conexiones preocupantes entre actores públicos y actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico.
En cuanto a las 32 maletas con divisas que originaron toda esta investigación, su destino final permanece un misterio absoluto. Si bien hay certeza sobre su llegada desde Estados Unidos y su traslado inicial hasta los galpones custodiados por Ebose, cuando las autoridades realizaron el allanamiento solo encontraron sustancias ilegales sin rastro alguno del dinero o bienes inicialmente transportados. Las pesquisas continúan para determinar quiénes se hicieron con estas valijas desaparecidas y cuál fue su destino posterior.
Por otro lado, Gabriel Giuliano Leoni ha adquirido fama como un personaje ‘fantasma’ dentro del marco investigativo. Informes recientes indican dudas sobre su verdadera identidad y nacionalidad; incluso existen contradicciones respecto al nombre registrado inicialmente. Las autoridades no tienen certeza sobre si es realmente uruguayo ni si continúa en territorio nacional o logró salir sin ser detectado.
No hay registros oficiales ni migratorios que confirmen movimientos terrestres posteriores desde Santa Cruz hacia otras regiones del país ni hacia fronteras internacionales después del aterrizaje registrado en Viru Viru. Esta ausencia dificulta aún más localizarlo o establecer vínculos directos adicionales para avanzar en el caso.
A pesar de estas incógnitas, la Fiscalía mantiene firme su acusación contra Leoni por tráfico ilícito de drogas, conspiración y organización criminal. Además del pedido formal para activar el sello rojo internacional con Interpol para su búsqueda inmediata global. Por ahora, las autoridades policiales aseguran no tener ninguna pista concreta sobre su ubicación dentro del territorio boliviano.
Este caso pone en evidencia no solo redes complejas vinculadas al narcotráfico sino también posibles nexos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales que operan bajo diversas modalidades para evadir controles legales e internacionales. La desaparición inexplicable tanto del imputado como del millonario cargamento representa un desafío significativo para las instituciones encargadas de combatir estos delitos y proteger los intereses nacionales e internacionales involucrados.
En definitiva, este proceso judicial refleja una operación sofisticada con múltiples actores implicados y abre interrogantes fundamentales sobre seguridad fronteriza, control aduanero y corrupción institucional que afectan directamente a la población al facilitar actividades ilícitas que ponen en riesgo la estabilidad social y económica regional. La atención pública está puesta ahora en cómo avanzarán las investigaciones para esclarecer estos hechos y garantizar justicia frente a este complejo entramado criminal descubierto recientemente
