La comisión encargada de la investigación policial ha recomendado ampliar la pesquisa penal en contra de la exministra Nemesia Achacollo, en el marco del caso que ya llevó a la detención del expresidente Luis Arce y la exdiputada Lidia Patty, ambos vinculados al desvío de fondos del Fondo Indígena.
Según informó el fiscal a cargo, Miguel Cardozo, el informe complementario que será presentado incluirá nuevas denuncias contra otros posibles implicados. A partir de este documento, se definirán las acciones investigativas a seguir y las citaciones correspondientes.
El reporte preliminar señala que, además de Achacollo, otras diez personas están señaladas como presuntas responsables o cómplices en la transferencia irregular de recursos del Fondo Indígena a cuentas personales de Patty. Se aclaró que la exministra no puede ser excluida del caso, dado que los delitos que se le atribuyen son diferentes a los que enfrenta en otro proceso relacionado con el mismo fondo.
Achacollo está próxima a enfrentar un juicio junto a otras 15 personas por irregularidades en diversos proyectos financiados por el Fondo Indígena. Este proceso, que debía haberse iniciado hace más de un año, permanece detenido en el Órgano Judicial.
En detalle, el fiscal explicó que los otros nueve involucrados en la investigación actual son exfuncionarios y dirigentes de organizaciones que formaban parte del directorio del Fondo Indígena, así como beneficiarios directos de los desembolsos realizados a cuentas personales.
El caso también involucra al expresidente Luis Arce, quien en 2010, cuando era ministro de Economía y Finanzas, autorizó el desembolso ilegal de 750.000 bolivianos a las cuentas de Patty. Estos recursos estaban destinados a la ejecución de ocho proyectos agrícolas en comunidades de La Paz, los cuales nunca llegaron a implementarse.
Por otro lado, Cardozo informó que aún están pendientes cinco órdenes de aprehensión emitidas tras la detención de Arce, quien permanece recluido en el penal de San Pedro desde diciembre. Una sala penal rechazó la apelación presentada por el exmandatario y confirmó su detención preventiva por cinco meses.
Asimismo, el fiscal indicó que el juzgado de turno rechazó un incidente de incompetencia que buscaba anular el proceso, argumentando que Arce no podía ser juzgado por la vía ordinaria debido a su condición de expresidente. El juez determinó que los hechos imputados ocurrieron mientras Arce ejercía un cargo público, nombrado por el expresidente Morales, lo que permite continuar con el proceso judicial
