La Fiscalía departamental llevó a cabo un allanamiento en las oficinas centrales de Derechos Reales en Tarija, como parte de una investigación que se remonta a una denuncia presentada en el año 2024. Esta acción forma parte de las diligencias que buscan esclarecer una presunta irregularidad cometida por una funcionaria encargada de la expedición de Folios Reales, documentos fundamentales para acreditar la propiedad y los derechos sobre bienes inmuebles.
La juez recaudadora de Derechos Reales, Carla Cortez, confirmó que la intervención por parte del Ministerio Público se efectuó con el objetivo de recabar pruebas y avanzar en la investigación. Según explicó, la denuncia original data de 2024 y está vinculada a la emisión indebida de un Folio Real a una persona que no pudo demostrar un interés legítimo para obtener dicho documento. Este hecho habría constituido una vulneración de los procedimientos oficiales y podría implicar responsabilidades legales para la funcionaria involucrada.
Desde la administración actual de Derechos Reales se ha colaborado plenamente con las autoridades judiciales, entregando toda la documentación requerida para facilitar el proceso investigativo. La juez Cortez enfatizó que, como nueva autoridad pública en esta institución, se está trabajando con transparencia para esclarecer lo sucedido y garantizar que se tomen las medidas correctivas necesarias. Asimismo, adelantó que se impondrán sanciones administrativas a quienes resulten responsables tras concluir las investigaciones.
Aunque hasta el momento solo se ha identificado a una funcionaria directamente vinculada con la irregularidad en la emisión del Folio Real, no se descarta que otras personas puedan estar involucradas desde diferentes ámbitos o dependencias. La Fiscalía continúa con las pesquisas para determinar si existen más responsabilidades o si el caso se limita a esta única situación.
Por otro lado, desde Derechos Reales aseguraron que sus operaciones continúan con normalidad pese al allanamiento y a la investigación en curso. Esto responde al compromiso institucional de mantener el funcionamiento habitual y garantizar el servicio público sin interrupciones mientras se resuelve este caso.
Este episodio pone en relieve la importancia del control riguroso y transparente en los procesos administrativos relacionados con la propiedad inmobiliaria, dado que cualquier irregularidad puede afectar derechos fundamentales de los ciudadanos y generar desconfianza en las instituciones públicas. La intervención del Ministerio Público y el compromiso manifestado por las autoridades locales reflejan un esfuerzo por mantener la legalidad y proteger los intereses legítimos tanto del Estado como de los particulares involucrados.
En definitiva, este caso evidencia cómo una denuncia oportuna puede desencadenar investigaciones formales que buscan preservar la integridad del sistema registral. La población tarijeña espera que estas acciones contribuyan a fortalecer los mecanismos internos y evitar futuras irregularidades similares dentro del ámbito público
