Marco Antonio Aramayo Caballero, exdirector del Fondo Indígena, mantuvo firmemente su inocencia ante las acusaciones en su contra, rechazando cualquier autoacusación para evitar manchar su nombre y legado. Fue pionero en denunciar un millonario desfalco en esta institución, además de revelar un patrón de actuación irregular por parte de fiscales, jueces y funcionarios vinculados al gobierno del MAS, quienes presuntamente ofrecían juicios abreviados a cambio de sentencias reducidas, buscando así proteger a altos funcionarios y desviar la atención hacia “chivos expiatorios”.
El Fondo Indígena, creado con el propósito de impulsar el desarrollo de comunidades indígenas, terminó siendo escenario de una crisis que involucró el encarcelamiento de numerosos dirigentes y, en algunos casos, la pérdida de vidas. Entre las autoridades señaladas por Aramayo se encontraba el entonces ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, miembro del Directorio del Fondo y actual presidente del país desde 2020. Sin embargo, solo tras la salida del MAS del poder fue procesado por autorizar transferencias millonarias a cuentas particulares, en contra de la legislación vigente.
La vida de Aramayo estuvo marcada por una intensa persecución judicial que inició durante el gobierno de Evo Morales y que, según testimonios y documentos, incluyó actos de tortura y maltrato en prisión. El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) documentó 194 episodios de tortura sufridos por él, que deterioraron gravemente su salud. Finalmente, falleció en abril de 2022 debido a un paro cardíaco y múltiples fallas orgánicas derivadas de seis enfermedades adquiridas durante su encarcelamiento.
El caso de Aramayo no fue aislado. Otros dirigentes indígenas, como Félix Becerra, exlíder del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), también fueron víctimas de esta estrategia judicial. Becerra relató cómo se le ofreció un juicio abreviado a cambio de autoinculparse, propuesta que rechazó. Actualmente cumple detención domiciliaria en su comunidad. En contraste, Epifanio Pacheco, exdirector de Proyectos del Fondo Indígena y representante de la nación Qhara Qhara, enfrentó múltiples procesos sin llegar a sentencia y falleció en 2023, afectado por el desgaste físico y emocional que le provocó la persecución.
El análisis de documentos y testimonios permitió identificar cinco características principales en la estrategia judicial aplicada: la persecución directa contra Aramayo; el direccionamiento de las investigaciones para proteger a altos funcionarios; la apertura de múltiples procesos contra una misma persona en distintas jurisdicciones; la negativa a unificar causas conexas; y la oferta sistemática de juicios abreviados a cambio de confesiones falsas.
Desde su designación como director ejecutivo del Fondo Indígena en 2013, Aramayo denunció irregularidades internas, lo que desató una serie de procesos en su contra. A pesar de presentar pruebas y defender su inocencia, fue sometido a más de 200 procesos judiciales distribuidos en varios departamentos, lo que evidenció un claro ensañamiento. Su esposa y su abogado recordaron cómo la presión política y judicial se intensificó tras la publicación de una carta dirigida al expresidente Evo Morales, denunciando que este estaba al tanto de las irregularidades.
El informe del ITEI también detalló las formas de tortura y maltrato que sufrió Aramayo durante su encarcelamiento, que incluyeron violencia física, aislamiento, privación de alimentos y atención médica, así como abuso sexual. Estas acciones reflejan graves violaciones a los derechos humanos y la manipulación del sistema judicial para fines políticos.
En contraste con la situación de Aramayo y otros dirigentes indígenas, algunos miembros afines al MAS que formaron parte del directorio del Fondo Indígena no enfrentaron procesos judiciales similares ni ingresaron a prisión. Entre ellos se encuentran Hilarión Mamani, Rodolfo Machaca y Juanita Ancieta, quienes continuaron desarrollando carreras políticas sin mayores obstáculos legales. Asimismo, Daniel Zapata, segundo exdirector del Fondo, aunque sentenciado en rebeldía, no fue detenido debido a la falta de ejecución de órdenes de aprehensión.
El caso de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, también evidencia la influencia política en el manejo judicial. Un exfiscal denunció presiones para modificar imputaciones y otorgar detención domiciliaria a Achacollo, con intervenciones incluso desde Palacio de Gobierno. Algunos de los fiscales involucrados luego ocuparon cargos importantes en el Tribunal Constitucional y en el Ejecutivo, lo que pone en duda la independencia del proceso.
La negativa a unificar los numerosos procesos abiertos contra Aramayo y otros implicados contravino principios constitucionales y legales que buscan evitar la doble persecución por el mismo delito. Además, se denunciaron falsificaciones de resoluciones judiciales para impedir la acumulación de causas, evidenciando irregularidades en el sistema judicial.
La oferta reiterada de juicios abreviados a procesados, presentada como una vía para obtener sentencias más leves y libertad anticipada, fue una práctica común para coaccionar confesiones falsas y proteger a altos dirigentes políticos. Esta estrategia, según expertos en derechos humanos, buscaba encontrar responsables de bajo rango para desviar la atención del desfalco y proteger a figuras de mayor peso político dentro del MAS.
Marco Antonio Aramayo fue una figura que, desde su nombramiento en 2013, se comprometió con la transparencia en el manejo del Fondo Indígena. Sin embargo, su firme postura y denuncias lo convirtieron en blanco de una persecución judicial que lo llevó a pasar más de siete años en prisión, hasta su fallecimiento. Su abogado destacó que la acumulación de procesos y el ensañamiento judicial fueron elementos clave en su prolongado encarcelamiento y deterioro físico.
Por su parte, Félix Becerra, tras su liberación y detención domiciliaria, se ha dedicado al tejido de prendas tradicionales para sostener a su familia, aunque reconoce que la persecución afectó su liderazgo político y su calidad de vida. Relató cómo su encarcelamiento y la división generada en su comunidad fueron parte de una estrategia de venganza política, vinculada a su apoyo a marchas indígenas.
En resumen, el caso del Fondo Indígena revela un patrón de persecución judicial con motivaciones políticas, que afectó principalmente a dirigentes indígenas y funcionarios de menor rango, mientras protegió a altos cargos vinculados al MAS. Este modus operandi incluyó la manipulación de investigaciones, la multiplicidad de procesos, la negación de unificación de casos y la coacción mediante ofertas de juicios abreviados, generando graves violaciones a los derechos humanos y un impacto devastador en la vida de los procesados
