La Fiscalía ha decidido ampliar la imputación en el caso conocido como ‘Consorcio’, incorporando el delito de organización criminal a los cargos inicialmente relacionados con manipulación judicial. Esta medida afecta a los acusados vinculados a esta investigación, entre ellos el exministro de Justicia César Siles. Asimismo, se evalúa la posibilidad de revocar la detención domiciliaria que actualmente cumplen los implicados.
El fiscal a cargo del caso, Fernando Espinoza, informó que todos los sindicados, incluyendo a César Siles, Iván Córdoba, Iván Campero y José Ramiro Uriarte, han prestado declaración acompañados de sus abogados defensores. En base a estas declaraciones y a una resolución judicial, se formalizó la ampliación de la imputación por organización criminal contra todos los involucrados.
El caso se originó a partir de un amparo constitucional presentado por Iván Campero, magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia, ante una sala constitucional en Coroico. Este recurso buscaba destituir a la magistrada Fanny Coaquira para que Campero pudiera asumir su cargo. La detención del juez que condujo esta audiencia permitió descubrir una red de corrupción que involucraba directamente al entonces ministro de Justicia, César Siles, quien también fue arrestado. En total, seis autoridades judiciales están implicadas en este proceso, aunque todas permanecen bajo detención domiciliaria.
Debido a las nuevas evidencias y riesgos procesales identificados, la Fiscalía está considerando solicitar la revocación de las medidas de detención domiciliaria. El fiscal Espinoza indicó que presentarán un escrito fundamentado ante la autoridad jurisdiccional para sustentar esta solicitud.
Entre los acusados figuran José Ramiro Uriarte, abogado patrocinador del amparo; Fernando Marcelo Lea Plaza, juez que dirigió la audiencia en Coroico y que fue encontrado sin vida en octubre; Claudia Castro, exvocal de la Sala Penal; Iván Campero, magistrado suplente; César Siles, exministro de Justicia; Iván Córdoba, ex presidente del Tribunal de Justicia; y Edwin Sarmiento, exfuncionario del Tribunal Departamental de Justicia. Además, se mantiene la búsqueda de Antonio de la Fuente Amelunge, quien presentó el amparo ante el juzgado
