Tres exfuncionarios de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), incluido su exgerente general, Franklin Flores, han optado por guardar silencio ante los fiscales que investigan cargos de presunto enriquecimiento ilícito y corrupción pública. Las detenciones de estos individuos se produjeron a principios de semana, en el marco de una investigación en curso sobre irregularidades financieras dentro de la entidad estatal.
A pesar de la negativa de los sospechosos a declarar, el Ministerio Público ha asegurado que cuenta con una sólida base de pruebas para sustentar el caso. Los elementos recabados, considerados fundamentales para la investigación, incluyen un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que apunta hacia un posible enriquecimiento ilícito.
La pesquisa se inició a raíz de una denuncia presentada por el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y se centra en supuestas anomalías detectadas durante la administración de Flores en EMAPA. El exgerente fue detenido en su domicilio, y poco después se procedió a la aprehensión de Marvin Vargas Venegas, quien fuera su administrador en la empresa. Los investigadores sostienen que los bienes acumulados por ambos no se corresponden con los ingresos percibidos durante su desempeño en la institución.
Las declaraciones juradas de bienes revelan que Franklin Flores reportó activos por un valor de 2.8 millones de bolivianos y la propiedad de tres inmuebles. Esta cifra contrasta significativamente con su salario mensual como gerente, que ascendía a 15,950 bolivianos. Los análisis preliminares sugieren que para alcanzar dicho patrimonio, Flores habría tenido que ahorrar la totalidad de sus ingresos durante catorce años sin incurrir en gasto alguno, una situación que los investigadores consideran poco plausible.
Flores fue nombrado gerente de EMAPA en mayo de 2021 y fue relevado de su cargo en septiembre del año pasado por Richard Rojas. Previamente, ocupó un escaño como diputado uninominal del MAS por la circunscripción 18 de La Paz. Durante su gestión en EMAPA, surgieron cuestionamientos sobre la adquisición de productos agrícolas —maíz y trigo— por un monto de 18.2 millones de bolivianos a Rafael Arce, hijo del presidente Luis Arce Catacora. Aunque Flores negó cualquier irregularidad, afirmando que las compras se realizaron a todos los productores, las dudas persistieron. También fue objeto de escrutinio por la supuesta compra de harina a Rubén Ríos, un dirigente panificador que presuntamente creó una importadora para vender a la estatal. En su momento, Flores aseguró disponer de todos los descargos técnicos y financieros, pero la Fiscalía ha confirmado que dichos documentos aún no han sido presentados.
En un desarrollo separado, se ha emitido una imputación formal por enriquecimiento ilícito contra una funcionaria identificada como “Daniela”, quien se desempeñaba como fiscal de obras en EMAPA. Las autoridades han solicitado cuatro meses de detención preventiva para ella en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. La imputación se basa en dos informes cuestionados que elaboró la funcionaria, relacionados con una construcción que no era propiedad de EMAPA y cuyo derecho propietario no se formalizó en un periodo de dos años. Adicionalmente, se han detectado depósitos sospechosos de otros funcionarios de la estatal en sus cuentas personales, lo que indica un incremento patrimonial injustificado en relación con sus ingresos. El Ministerio Público también está preparando las imputaciones formales para los otros dos aprehendidos, incluyendo a Marvin Vargas, y se espera la convocatoria de más testigos para tomar declaraciones en las próximas horas.
Paralelamente, la Fiscalía avanza en las investigaciones del caso Botrading, una presunta trama de contratos irregulares en la comercialización de combustibles. Los fiscales han confirmado la recepción de una comunicación oficial de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que investigó este caso y ha solicitado una reunión de coordinación con la comisión de fiscales para intercambiar información. Dicho documento está siendo evaluado por la Fiscalía General del Estado, y las autoridades no descartan analizar la documentación y las conclusiones presentadas por los legisladores.
En los próximos días, se llevarán a cabo pericias financieras y técnicas para determinar con precisión los movimientos de capital de los implicados. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) cuenta con peritos especializados, y se agotarán todas las instancias para esclarecer los hechos. Por el momento, tres exfuncionarios de EMAPA permanecen bajo custodia: uno con imputación formal y dos a la espera de sus audiencias. Las investigaciones buscan establecer si existió una red de enriquecimiento ilícito y uso indebido de recursos públicos durante la gestión de Flores
