La Fiscalía Departamental de La Paz mantiene en análisis la denuncia contra el expresidente Evo Morales por presunta trata de personas, en la que figura como víctima Noemí Meneses. Según informó el fiscal general, Róger Mariaca, el caso aún no ha avanzado debido a la revisión de los indicios presentados.
La denuncia, presentada el 30 de diciembre de 2025 por Marcelo Alcázar, exdirector del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), se encuentra en la unidad de análisis de la Fiscalía de La Paz. El fiscal encargado dispone de un plazo de 24 horas para decidir si admite o rechaza la denuncia, evaluando que esta sea clara y precisa en la relación de los hechos. Hasta la fecha, no se ha abierto una investigación formal ni se ha emitido una resolución definitiva.
El origen del caso se remonta a julio de 2020, cuando la Policía llevó a cabo un operativo para recuperar un vehículo denunciado como robado, perteneciente a la Gobernación de Cochabamba, pero que desde 2018 era utilizado para fines personales por el hermano de Noemí Meneses, quien trabajaba como chofer de dicha institución. Durante la intervención, se incautó el teléfono celular de Meneses, donde se encontraron registros que evidenciaban una relación sentimental con Morales desde 2015, cuando la joven tenía 14 años. En agosto de ese año, Alcázar presentó una denuncia por estupro y trata de personas, pero la investigación fue cerrada días antes de la asunción presidencial de Luis Arce.
El exdirector de Sepdavi sostiene que el cierre del caso en 2020 estuvo influenciado por presiones políticas y órdenes superiores, lo que impidió el avance de la investigación. Además, expresó su convicción de que parte de la red que encubrió los hechos sigue operando, lo que podría obstaculizar la aceptación de la nueva denuncia.
El fiscal general Mariaca aclaró que, conforme a la Constitución y al Código de Procedimiento Penal, no es posible investigar o procesar a una persona dos veces por el mismo delito, lo que podría representar un impedimento legal para el avance del caso.
No obstante, Alcázar argumenta que existen dos enfoques en torno a esta situación. Por un lado, considera que el cierre anterior fue resultado de tráfico de influencias, ya que durante los meses que duró la investigación se recopilaron pruebas documentales, testimonios y fotografías suficientes para llevar el caso a juicio. Por otro lado, la denuncia presentada a finales de 2025 apunta a una nueva serie de hechos, incluyendo la presunta complicidad de al menos 11 personas que habrían facilitado los viajes de Meneses en la aerolínea Boliviana de Aviación (BOA) entre 2015 y 2020, con la finalidad de encuentros íntimos con Morales.
Además, se menciona la participación del exgerente de BOA, Ronald Casso, acusado de permitir que Meneses realizara al menos 26 viajes siendo menor de edad sin el permiso correspondiente otorgado por la Defensoría de la Niñez. El informe de BOA de 2020 respalda esta acusación, y en el teléfono de la joven se encontraron imágenes que la muestran no solo en vuelos comerciales, sino también en aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana, como fotografías tomadas en la ciudad de El Alto, donde aparece sentada en un helicóptero con una camiseta conmemorativa del Dakar 2017.
El caso continúa en revisión, mientras las autoridades evalúan la viabilidad de iniciar una investigación formal basada en las nuevas pruebas y testimonios aportados
