Tras el trágico accidente del avión militar C-130 Hércules, matrícula FAB-81, ocurrido en el aeropuerto de El Alto, la situación de los heridos continúa siendo crítica en varias ciudades. De las 54 personas que resultaron lesionadas en el siniestro, 24 permanecen internadas en seis hospitales distribuidos entre La Paz y El Alto. Este hecho ha generado una respuesta inmediata por parte de las autoridades sanitarias y judiciales, que se mantienen activas para atender las consecuencias del accidente y esclarecer sus causas.
El incidente ocurrió cuando la aeronave se salió de la pista de aterrizaje, provocando además la muerte de 23 personas, un saldo que refleja la gravedad del suceso. Las autoridades médicas reportaron que al momento del accidente, trece establecimientos de salud participaron en la atención inicial de los pacientes. Entre estos centros, el Hospital del Norte fue el que recibió la mayor cantidad de heridos, aunque algunos tuvieron que ser trasladados a otros hospitales para recibir tratamientos especializados. De los pacientes actualmente hospitalizados, siete presentan un diagnóstico reservado, lo que evidencia la complejidad y gravedad de sus lesiones.
Dentro del grupo más afectado se encuentra un niño de 12 años que sufrió la pérdida de las extremidades inferiores. Ante esta situación, la Unidad de Discapacidad del Servicio Departamental de Salud (Sedes) ha intervenido no solo para realizar una evaluación médica exhaustiva sino también para brindar contención emocional al menor y a su familia, conscientes del impacto físico y psicológico que este tipo de lesiones conlleva.
Paralelamente a las acciones médicas, la Fiscalía General ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades respecto al accidente aéreo. El fiscal general Roger Mariaca informó que ya se abrió un proceso específico contra los pilotos del FAB-81 con el objetivo de establecer si cumplían con las condiciones necesarias para operar una aeronave tan compleja como un C-130 Hércules. La investigación busca ser objetiva y analizar si hubo negligencia o incumplimiento en las normas operativas durante el vuelo y el aterrizaje.
Además del proceso contra los pilotos, existen otras investigaciones abiertas relacionadas con el accidente. Una junta interna de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) también está elaborando un informe técnico sobre las causas del siniestro. Por otro lado, la Fiscalía paceña ha iniciado dos causas penales adicionales: una por el accidente en sí mismo y otra por un saqueo ocurrido ese mismo día relacionado con dinero encontrado dentro del avión accidentado.
En relación al saqueo, Mariaca señaló que ya hay personas con detención preventiva y otras con medidas sustitutivas vinculadas a estos hechos ilícitos. Hasta ahora se han llevado a cabo alrededor de media docena de audiencias cautelares con resultados variados conforme avanza la investigación y se identifican a más involucrados. Este aspecto añade complejidad al caso y refleja cómo el impacto del accidente trascendió lo exclusivamente sanitario o técnico para involucrar también cuestiones legales vinculadas a delitos cometidos en medio de la emergencia.
El conjunto de estas acciones refleja una respuesta integral ante un hecho trágico con múltiples dimensiones: sanitaria, judicial y social. Las autoridades continúan trabajando tanto en la atención médica especializada para los heridos como en esclarecer todas las circunstancias que rodearon este grave accidente aéreo. La población afectada sigue recibiendo apoyo mientras se desarrollan las investigaciones necesarias para determinar responsabilidades y evitar futuras tragedias similares
