La Fiscalía de La Paz ha aceptado una denuncia penal en contra del expresidente Evo Morales y otras once personas, acusándolos de participar como “autores y cómplices” en un caso de trata de personas. Según el expediente admitido el 30 de diciembre, los hechos habrían ocurrido entre 2015 y 2020, involucrando a una presunta víctima identificada como Noemí Meneses Chávez. La denuncia sostiene que Meneses fue trasladada en múltiples ocasiones por vía aérea desde que tenía 14 años a distintos lugares del país para mantener encuentros íntimos con Morales durante su mandato.
El documento, registrado bajo el Código Único de Caso (CUD) N° 201102012509349, fue presentado en 2020 por Marcelo Alcázar, exdirector del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi). Alcázar se declaró “perseguido político” debido a las presiones que sufrió tras iniciar esta investigación durante el gobierno de Jeanine Áñez. En su denuncia, el exfuncionario detalla la existencia de una supuesta “organización criminal” compuesta por exautoridades y funcionarios públicos cuya función era facilitar la logística, el transporte y el encubrimiento de los encuentros entre Morales y la menor.
De acuerdo con la acusación, Meneses realizó al menos 37 viajes en avión para reunirse con Morales mientras él ejercía la presidencia, muchos de estos sin cumplir con los requisitos legales para menores de edad. Alcázar también señala que Morales podría haber incurrido en el delito de estupro, dado que la víctima reconoció ante la Policía que mantuvo una relación con el expresidente, aunque afirmó que esta relación formal comenzó cuando ella tenía 19 años, es decir, siendo mayor de edad. Pese a esta declaración, el denunciante sostiene que ello no invalida las acusaciones previas de trata y tráfico de personas que deben ser investigadas.
La denuncia solicita que se procese y sancione a Morales y a los demás involucrados con penas que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión, conforme a la legislación boliviana vigente para estos delitos. Entre los señalados como cómplices figuran el exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, junto a otras diez personas que habrían facilitado el traslado de la víctima desde Cochabamba a diferentes regiones del país. Entre los implicados se encuentran funcionarios y exfuncionarios públicos, así como personas vinculadas a diversas entidades estatales.
El memorial también menciona a Rodolfo Castro, actual funcionario de Mi Teleférico; a Luis Hernán Soliz Morales, quien en 2020 era asistente personal del expresidente; y a servidores relacionados con la Gobernación de Cochabamba y la Caja de Salud. Destaca la inclusión de Carla Lorena Sandy, abogada que desempeñó varios cargos durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), incluyendo el de viceministra de Igualdad de Oportunidades en 2022 y directora de unidad en el Ministerio de Educación. Actualmente, según la denuncia, Sandy se desempeñaría como segunda secretaria de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde recientemente promovió la declaración del “Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Indígenas”.
En cuanto a Ronald Casso, la denuncia recuerda que fue gerente de BoA durante los gobiernos de Morales y Luis Arce, y señala que su hermano, un excoronel de la Policía, fue asesor del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, lo que, según el denunciante, podría evidenciar una red de influencias que facilitó los traslados irregulares. Alcázar asegura que personas cercanas a Morales adquirieron los pasajes para Meneses y que, con apoyo interno, se violaron los protocolos de seguridad. La denuncia destaca que ni BoA ni las terminales aéreas de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz exigieron los permisos legales necesarios para los viajes de la menor
